La Audiencia de Granada juzga esta semana a cinco acusados de vender heroína en Almanjáyar
La Fiscalía solicita penas de hasta seis años y tres meses de prisión por tráfico de drogas, defraudación eléctrica y tenencia ilícita de armas tras una operación en la que se intervinieron estupefacientes, 105 plantas de marihuana y una escopeta
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto juzgar el próximo miércoles 21 de octubre a cinco personas acusadas de participar en una presunta red de venta de heroína y otras sustancias estupefacientes en dos viviendas colindantes de la barriada de Almanjáyar, en la capital granadina.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita penas de seis años y tres meses de prisión por presuntos delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.
La causa tiene su origen en una operación policial desarrollada el 11 de abril de 2024 en el polígono de Almanjáyar, en el marco de las actuaciones emprendidas para combatir el incremento del consumo de heroína detectado en la zona durante los últimos años.
Dos viviendas utilizadas presuntamente para distribuir y almacenar droga
De acuerdo con la investigación, dos de los procesados se habrían encargado de gestionar un punto de venta de heroína y otras sustancias estupefacientes, mientras que otros dos acusados residían en una vivienda contigua que presuntamente se utilizaba para almacenar la droga destinada a su distribución.
La Fiscalía sostiene que ambos inmuebles estaban sometidos a vigilancia por una quinta persona, cuya función habría consistido en alertar de la presencia de agentes policiales en las inmediaciones.
Este último acusado fue detenido momentos antes de que los investigadores practicaran los registros en las dos viviendas.
Intervenidas 105 plantas de marihuana y una escopeta
Durante la inspección del primer inmueble, los agentes localizaron diversas cantidades de heroína, cocaína y marihuana, además de anotaciones contables relacionadas presuntamente con la actividad investigada y cerca de 700 euros en efectivo.
En esta misma vivienda encontraron una habitación destinada íntegramente al cultivo de cannabis, equipada con la infraestructura necesaria para su producción y en la que se contabilizaron 105 plantas de marihuana.
El registro de la segunda vivienda permitió intervenir una máquina contadora de dinero, restos de cocaína en un cazo y en un cuchillo, así como una caja fuerte vacía que se encontraba oculta tras una falsa pared situada detrás del frigorífico.
Los agentes también localizaron una escopeta de un solo cañón, en perfecto estado de funcionamiento, junto con munición, elementos que forman parte de las pruebas recogidas en la investigación.
Drogas valoradas en más de 7.500 euros
La Fiscalía mantiene que los acusados presuntamente cultivaban marihuana para su posterior comercialización junto con las demás sustancias estupefacientes intervenidas.
Según la valoración recogida en el escrito de acusación, el conjunto de la droga habría alcanzado un precio de 7.528 euros en el mercado ilícito.
La investigación también detectó que la instalación eléctrica utilizada para mantener el cultivo de cannabis contaba con un enganche ilegal a la red de suministro.
La compañía eléctrica afectada ha cuantificado el perjuicio económico derivado de esta conexión fraudulenta en 839,30 euros.
Además de las penas de prisión solicitadas, el Ministerio Público reclama una multa de 2.160 euros y una indemnización a la empresa suministradora por el importe de la electricidad presuntamente defraudada.
El juicio está señalado para el miércoles 21 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, donde se determinará la posible responsabilidad penal de los cinco procesados.
La Fiscalía de Granada aprecia la agravante de multirreincidencia, ya que el procesado acumula cuatro condenas firmes por delitos similares
Ambas reconocieron los hechos y aceptaron un año y seis meses de prisión y una multa de 2.160 euros cada una por utilizar la tarjeta bancaria de la víctima, que tenía problemas de movilidad y deterioro cognitivo
