La defensa del exjuez Manuel Piñar pide anular la causa por delito de odio al considerar falsas las publicaciones atribuidas

El magistrado jubilado sostiene que las capturas de Facebook fueron manipuladas y denuncia irregularidades procesales, mientras la Fiscalía mantiene su petición de archivo

Redacción  |  12 de octubre de 2026

La defensa del exmagistrado Manuel Piñar ha solicitado a la Audiencia Provincial de Granada la nulidad de las actuaciones y el archivo de la causa abierta contra él por un presunto delito de odio, al considerar que las publicaciones de redes sociales que se le atribuyen son "fotocomposiciones falsas" elaboradas mediante herramientas de manipulación digital.

La petición fue presentada con motivo de la vista preliminar señalada para el pasado 1 de octubre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. El tribunal deberá resolver las cuestiones de nulidad planteadas por la representación legal del exjuez antes de decidir sobre la celebración del juicio, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

 

Piñar, que se jubiló voluntariamente en 2024, sostiene que los mensajes incorporados al procedimiento no fueron publicados por él y que las capturas de pantalla aportadas por la acusación carecen de las garantías necesarias para acreditar su autenticidad.

La defensa fundamenta esta afirmación en informes periciales informáticos y de la Guardia Civil que, según expone, no han encontrado las publicaciones denunciadas en el historial de su cuenta de Facebook.

Cuestiona la autenticidad de las capturas de pantalla

En su escrito, la representación legal del exmagistrado sostiene que las supuestas publicaciones son composiciones realizadas mediante inteligencia artificial o programas de edición gráfica y que se incorporaron al procedimiento sin las garantías legales correspondientes.

Por este motivo, solicita la nulidad del auto del 18 de diciembre de 2024, que acordó transformar las diligencias en procedimiento abreviado, así como de la posterior resolución que decretó la apertura de juicio oral.

La defensa considera que ambas decisiones judiciales se apoyan en contenidos cuya autenticidad no habría quedado acreditada.

Asimismo, denuncia que no se incorporaron debidamente al procedimiento determinadas pruebas que considera exculpatorias, entre ellas registros oficiales de Meta relativos a la cuenta del exmagistrado, aportados en abril, julio y diciembre de 2024.

Según sostiene, esta documentación fue presentada en varias ocasiones y resulta fundamental para determinar si los mensajes investigados procedían realmente del perfil de Piñar.

Denuncia irregularidades en la acusación y en el acceso a Facebook

Otro de los argumentos planteados por la defensa se refiere a la legitimación de la acusación que promovió la apertura del juicio oral.

En concreto, cuestiona que esta decisión se adoptara a instancia de la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional, pese a que, según afirma, su personación como acusación popular había sido denegada.

También señala que el escrito de acusación se presentó a nombre del abogado Carlos Aránguez y no de la citada asociación, circunstancia que considera relevante para solicitar la nulidad del procedimiento.

La representación legal del exjuez denuncia igualmente una presunta vulneración del secreto de las comunicaciones, al sostener que se accedió sin autorización judicial a un perfil privado de Facebook que, según un informe de la Guardia Civil citado por la defensa, contaba con apenas 15 seguidores.

A su juicio, la obtención de contenidos de esa cuenta sin el correspondiente mandato judicial constituye otra de las irregularidades que deberían conducir a la anulación de las actuaciones.

La defensa considera que se realizó una investigación "prospectiva"

El escrito también cuestiona que durante el procedimiento se atribuyeran al exmagistrado supuestas expresiones despectivas hacia el colectivo gitano.

La defensa sostiene que estos hechos no figuraban en las denuncias originales ni habían sido objeto de la instrucción, por lo que considera que se abrió una investigación sin una acusación concreta que la justificara.

En este sentido, califica las actuaciones de investigación "prospectiva", lo que describe como "ir a pescar, con violación de la presunción de inocencia", y sostiene que se ha vulnerado el principio acusatorio.

La representación legal de Piñar también cuestiona la composición del tribunal que intervino en la vista preliminar del pasado 1 de octubre.

Según argumenta, dos de los magistrados que formaban parte de la Sala habían participado en el auto de 2023 que acordó incoar el procedimiento contra el exjuez.

En aquella resolución, según recoge la defensa, se hacía referencia a expresiones presuntamente despectivas hacia distintos colectivos, entre ellos el gitano.

Los abogados de Piñar consideran que esos magistrados debían abstenerse de intervenir en la resolución de las solicitudes de nulidad al haber participado anteriormente en decisiones relacionadas con los hechos cuestionados.

Alega daños a su honor y reputación

La defensa sostiene, además, que la difusión pública de las referencias al colectivo gitano recogidas en una resolución judicial ha perjudicado el derecho al honor y a la propia imagen del exmagistrado.

En su escrito afirma que esas manifestaciones han aparecido "en multitud de medios" y han afectado a su reputación social, pese a que, según mantiene, no existían indicios que justificaran atribuirle tales expresiones.

Para reforzar su argumentación, recuerda que Piñar ha mantenido una estrecha relación con el colectivo gitano y que ha recibido distinciones honoríficas de la Hermandad Gitana de Andalucía por sus investigaciones sobre el origen del pueblo gitano y su papel en el nacimiento del flamenco.

La representación legal considera que estos antecedentes deben tenerse en cuenta al valorar las afirmaciones que se le atribuyen.

La Fiscalía solicita el archivo de la causa

El procedimiento queda pendiente de resolver las cuestiones relativas a la abstención de los magistrados y, en su caso, constituir una nueva Sala que examine las peticiones de nulidad.

Una vez resueltas estas cuestiones procesales, la Audiencia Provincial deberá pronunciarse sobre la continuidad del procedimiento y la celebración del juicio oral.

Por su parte, la Fiscalía ha venido solicitando el archivo de la causa.

Las afirmaciones sobre la falsedad de las publicaciones, las presuntas irregularidades procesales y la vulneración de derechos fundamentales forman parte de los argumentos expuestos por la defensa de Manuel Piñar y están pendientes de la correspondiente valoración judicial.

 
 
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