La Fiscalía rebaja a siete meses de cárcel su petición máxima en la pieza del ‘caso Marchelo’ por la gasolinera de Alhendín
El Ministerio Público aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas tras casi veinte años de instrucción
La Fiscalía ha rebajado este lunes sus peticiones de condena para los acusados en la última pieza separada del ‘caso Marchelo’, relativa a presuntas irregularidades en la concesión de licencia y la construcción de una gasolinera en Alhendín (Granada). Tras apreciar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido durante la instrucción, el Ministerio Público solicita ahora penas de prisión que no superan los siete meses.
La modificación se ha producido en la última sesión del juicio, celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada. La Fiscalía ha pasado de reclamar inicialmente entre 18 y 21 meses de cárcel, según el acusado, a unas peticiones que oscilan entre cuatro y siete meses para los principales procesados, además de distintas penas de inhabilitación.
La causa se remonta a 2002 y forma parte de una macrocausa cuya instrucción se ha prolongado durante casi dos décadas. Entre los acusados figuran el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Fernández; otros dos integrantes de la comisión de gobierno municipal; un arquitecto técnico, y dos empresarios, padre e hija, a quienes se concedió la licencia para la estación de servicio.
Los hechos investigados se relacionan con la presunta negociación por parte del entonces alcalde de Alhendín, José Guerrero, del PP, de la venta de una finca de su propiedad para construir y explotar una gasolinera en un terreno calificado como suelo urbano de agrupación intensiva de vivienda unifamiliar. La causa contra el exregidor, ya nonagenario, fue archivada provisionalmente por motivos de salud.
Las nuevas peticiones de condena
En el caso de Manuel Fernández, exconcejal de Urbanismo, la Fiscalía ha reducido de 18 meses a siete meses de prisión su petición por un delito continuado de prevaricación. Para los otros dos exediles, la solicitud ha pasado de 18 meses a cuatro meses de cárcel, además de las correspondientes penas de inhabilitación.
Durante el juicio, los antiguos responsables municipales defendieron que la licencia contaba con informes técnicos favorables. También afirmaron que no revisaban individualmente los expedientes que llegaban a la Junta de Gobierno Local y negaron haber recibido presiones del alcalde para votar a favor de la concesión.
En cuanto a los empresarios, la hija ha quedado fuera del procedimiento después de que la acusación particular retirara este lunes su acusación contra ella. La Fiscalía ya había solicitado desde el inicio el sobreseimiento de esta parte al considerar que no estaba acreditada su participación en los hechos.
Respecto al padre, el Ministerio Público ha retirado la acusación por tráfico de influencias y lo considera cooperador necesario del delito de prevaricación. Por ello, reclama siete meses de prisión y tres años de inhabilitación para empleo o cargo público, frente a los 21 meses de cárcel solicitados inicialmente.
La petición fiscal para el arquitecto técnico que emitió los informes favorables a la gasolinera también se ha reducido, de 18 a seis meses de prisión, junto con tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
En su declaración, el técnico ratificó los informes favorables y afirmó que desconocía que los terrenos fueran propiedad del alcalde. Según explicó, en aquella época no se exigían títulos de propiedad para conceder licencias. También negó haber recibido presiones.
Informes técnicos enfrentados sobre la gasolinera
La sesión de este lunes ha incluido las declaraciones de dos peritos de la Junta de Andalucía que han ratificado los informes desfavorables que emitieron en su momento sobre el proyecto.
Una de las peritos, que ha intervenido por videoconferencia, ha sostenido que las normas urbanísticas vigentes entonces no permitían construir la estación de servicio en aquella parcela, destinada principalmente a uso residencial. A su juicio, al tratarse de una actividad peligrosa, la licencia debería haberse denegado.
En sentido contrario, el técnico que redactó las normas subsidiarias de Alhendín ha defendido que la gasolinera encajaba en los usos compatibles previstos para el solar. También ha señalado que esa interpretación de la normativa era habitual y que se habían autorizado actuaciones similares en otros municipios.
Estas posiciones enfrentadas forman parte de los elementos que deberá valorar el tribunal antes de dictar sentencia.
Sin acuerdo por las diferencias sobre la indemnización
A diferencia de las otras dos piezas de la macrocausa, relacionadas con la urbanización Novosur y el polígono Marchalhendín, en este procedimiento no se ha alcanzado un acuerdo entre Fiscalía, defensas y acusaciones que evitara la celebración del juicio.
El principal desacuerdo está relacionado con la responsabilidad civil y la indemnización que reclama el empresario al que no se concedió la licencia para construir otra gasolinera y que ejerce la acusación particular.
Esta parte solicita para los tres exconcejales y el técnico municipal 22 meses de prisión y nueve meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Para el empresario acusado, reclama dos años de cárcel y nueve meses de inhabilitación.
El procedimiento ha quedado visto para sentencia. Antes de resolver sobre el fondo del asunto, el tribunal deberá valorar también la petición de la defensa del Ayuntamiento de Alhendín, que solicita que el empresario sea apartado como acusación particular al cuestionar que tenga la condición de perjudicado directo.
La Fiscalía solicita también una multa de 591 euros para el acusado, que fue interceptado por la Policía Nacional cuando circulaba en motocicleta
La última pieza separada de la macrocausa, cuyos hechos se remontan a 2002, se reanuda con la declaración de dos técnicos de la Junta
