La víctima del 'caso VioGén' pide hasta doce años y medio de cárcel para el exjefe de la Policía Local de Granada y otros siete agentes
La acusación particular denuncia 47 accesos presuntamente irregulares al expediente de la mujer y solicita indemnizaciones por daños morales
La víctima del denominado 'caso VioGén' ha solicitado penas de hasta doce años y medio de prisión para el exjefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, y otros siete agentes del cuerpo por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos relacionados con accesos supuestamente irregulares a su expediente en el sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género.
La petición figura en el escrito de acusación particular presentado por la mujer, expareja de un subinspector de la Policía Local condenado por maltratarla, después de que el juzgado haya concluido la instrucción y procesado a los ocho investigados.
La Fiscalía ha solicitado el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos no constituyen un delito penal, mientras que la representación de la víctima reclama la apertura de juicio oral.
Entre los procesados se encuentran, además del exjefe de la Policía Local, un subinspector y un oficial del Grupo de Mujer y Menores, así como otros cinco agentes que estaban adscritos a esta unidad en el momento de los hechos.
La acusación denuncia 47 accesos no autorizados a VioGén
El procedimiento se inició después de que la mujer denunciara, en julio de 2024, que su expareja «siempre había estado al tanto de todos sus movimientos, incluso por delante de ella».
La víctima sospechaba que compañeros del cuerpo policial estaban accediendo a su expediente en la plataforma VioGén para obtener información que posteriormente podría ser facilitada a su agresor, o que este utilizaba las credenciales de otros agentes para realizar las consultas.
Según sostiene la acusación particular, entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024 se produjeron 47 accesos presuntamente no autorizados al expediente de la mujer, pese a que su protección correspondía exclusivamente a la Guardia Civil.
El escrito señala que los agentes no dejaron constancia en el módulo de anotaciones de los motivos que justificaban esas consultas.
Durante ese periodo, supuestamente se accedió a información sobre los recorridos de la víctima, modificaciones en sus horarios laborales, cambios de domicilio, medidas de seguridad adoptadas para protegerla y datos relativos a su hija menor.
La acusación añade que cinco agentes llegaron al nivel 3 de acceso de la plataforma, lo que les habría permitido visualizar información especialmente sensible del expediente.
Una supuesta orden verbal del entonces jefe policial
El origen de las consultas habría estado, según la acusación, en una orden verbal del entonces jefe de la Policía Local al subinspector responsable de la unidad para recopilar información destinada a un expediente disciplinario contra la expareja de la víctima.
Sin embargo, el escrito sostiene que, aunque aquel procedimiento disciplinario quedó paralizado apenas ocho días después de su apertura, los accesos al sistema VioGén continuaron.
La representación de la mujer destaca igualmente que, durante el periodo en el que se habrían producido las consultas, no se adoptaron medidas disciplinarias contra su agresor y que este fue posteriormente ascendido a jefe de la Academia de Policía Local.
Penas de prisión e inhabilitación de hasta 30 años
La acusación particular solicita doce años y medio de prisión y 30 años de inhabilitación absoluta tanto para José Manuel Jiménez Avilés como para el subinspector jefe de la unidad, a quienes atribuye la condición de inductores de un delito de descubrimiento de secretos y autores de otro de revelación de secretos.
Para el oficial jefe y los otros cinco agentes, las penas solicitadas oscilan entre ocho años y dos días y doce años y medio de prisión, en función de su presunta participación en los hechos.
También reclama para ellos periodos de inhabilitación absoluta de entre 20 y 30 años.
Estas peticiones corresponden exclusivamente a la acusación particular y contrastan con la posición de la Fiscalía, que considera que los hechos investigados no tienen relevancia penal y solicita el sobreseimiento de la causa.
La víctima asegura que tuvo que modificar sus rutinas de seguridad
El escrito de acusación sostiene que los accesos al expediente provocaron en la mujer una situación de temor y desasosiego que afectó a su confianza en los mecanismos establecidos para protegerla.
Según su representación legal, la víctima permaneció durante ese periodo en un estado constante de alerta y se vio obligada a modificar todavía más sus rutinas de seguridad.
La acusación afirma incluso que algunas de esas medidas dejaron de incorporarse al sistema VioGén para evitar que pudieran ser conocidas por miembros de la Policía Local.
Por los daños morales presuntamente sufridos, solicita que cada uno de los ocho acusados indemnice con 20.000 euros a la mujer y con otros 20.000 euros a su hija menor.
Asimismo, dirige la acción civil subsidiaria contra el Ayuntamiento de Granada, al considerar que los hechos habrían sido cometidos por funcionarios municipales aprovechando los medios, credenciales y relaciones jerárquicas de su actividad policial.
Piden investigar las direcciones IP y celebrar el juicio a puerta cerrada
Entre las diligencias probatorias solicitadas, la acusación pide que se requiera información a la Secretaría de Estado de Seguridad para determinar desde qué direcciones IP accedió cada agente a la plataforma VioGén.
El objetivo es comprobar si existieron accesos simultáneos que coincidieran con los turnos de trabajo de la expareja de la víctima, quien no figura como procesado en esta causa.
La representación legal de la mujer también ha solicitado que todas las sesiones del eventual juicio oral se celebren a puerta cerrada para preservar su intimidad y la de su hija menor.
El escrito ha sido remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 4, que deberá resolver sobre la continuación del procedimiento judicial.
La Fiscalía de Granada sostiene que el procesado propinó una violenta paliza a la víctima, que ingresó en la UCI, y posteriormente agredió a los guardias civiles que acudieron a detenerlo
La Fiscalía le atribuye tres delitos de tentativa de homicidio y otro de abandono del lugar del accidente tras una discusión ocurrida en un bar en septiembre de 2022
