Aplazado a septiembre el juicio del ‘caso Marchelo’ sobre la gasolinera de Alhendín
La Audiencia de Granada retrasa cuatro meses la vista por presuntas irregularidades urbanísticas tras una instrucción que se ha prolongado casi dos décadas
La Audiencia de Granada ha decidido aplazar hasta septiembre el juicio previsto para el próximo mes de mayo en relación con una de las piezas separadas del conocido ‘caso Marchelo’, centrada en presuntas irregularidades en la tramitación y construcción de una gasolinera en el municipio de Alhendín.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial había fijado inicialmente el inicio de las sesiones para el 21 de mayo, aunque finalmente se celebrarán los días 22, 23 y 24 de septiembre, según recoge una diligencia de ordenación reciente. No obstante, este nuevo calendario aún podría sufrir modificaciones, ya que debe ser consensuado con todas las partes implicadas, incluidas las defensas.
Este procedimiento forma parte de una macrocausa cuya instrucción se ha prolongado durante casi 20 años. A diferencia de otras piezas del ‘caso Marchelo’, en las que acuerdos entre Fiscalía, defensas y acusaciones evitaron la celebración de juicio, en este caso no ha sido posible alcanzar un pacto.
La acusación particular está ejercida por un empresario que reclama indemnizaciones por los supuestos perjuicios sufridos, además de penas de prisión para los acusados. Según sostiene, se le denegó previamente la instalación de una gasolinera en la misma zona —la Avenida de Andalucía de Alhendín— por tratarse de suelo residencial, mientras que posteriormente sí se concedió licencia a otro promotor.
En esta pieza están acusados el que fuera concejal de Urbanismo en el momento de los hechos, otros dos ediles integrantes de la comisión de gobierno, un arquitecto municipal y el empresario beneficiario de la licencia. También fue investigado el entonces alcalde, José Guerrero (PP), cuya causa fue archivada provisionalmente por motivos de salud, aunque su situación se revisa periódicamente.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan a 2002, cuando supuestamente se negoció la venta de una finca para la construcción de una estación de servicio en un terreno clasificado como suelo urbano residencial, lo que sería contrario a la normativa vigente. A pesar de ello, y presuntamente con conocimiento de esta incompatibilidad, se habrían tramitado y aprobado las licencias necesarias.
El Ministerio Fiscal atribuye a los acusados posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y prevaricación administrativa. En su escrito solicita penas de 18 meses de prisión para los tres exconcejales y el técnico municipal, y de 21 meses para el empresario implicado, así como para el exalcalde.
Por su parte, la acusación particular eleva estas peticiones y reclama, además, la anulación de las licencias concedidas, la demolición de la gasolinera y una indemnización por lucro cesante que deberá determinarse en ejecución de sentencia.
Con este aplazamiento, el juicio suma un nuevo retraso en un caso que se arrastra desde hace más de dos décadas y que sigue pendiente de resolución judicial.
La Audiencia de Granada juzgará a exconcejales, un técnico municipal y un empresario por presuntos delitos urbanísticos y de tráfico de influencias
Fiscalía pide hasta 21 meses de cárcel por prevaricación y tráfico de influencias en licencias ilegales de 2002
