A juicio en mayo la pieza del ‘caso Marchelo’ por la gasolinera de Alhendín tras casi 20 años
La Audiencia de Granada juzgará a exconcejales, un técnico municipal y un empresario por presuntos delitos urbanísticos y de tráfico de influencias
La pieza separada del denominado ‘caso Marchelo’ relativa a presuntas irregularidades en la tramitación y construcción de una gasolinera en Alhendín (Granada) llegará a juicio el próximo 21 de mayo, tras una instrucción que se ha prolongado durante casi dos décadas.
A diferencia de otras dos piezas de esta macrocausa, que se resolvieron mediante acuerdo entre las partes evitando la vista oral, en este caso no ha sido posible alcanzar un pacto, por lo que será la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada la encargada de enjuiciar los hechos.
En el procedimiento están acusados el que fuera concejal de Urbanismo del municipio en el momento de los hechos, otros dos ediles integrantes de la comisión de gobierno, un arquitecto municipal y el empresario que obtuvo la licencia para construir la gasolinera. El entonces alcalde, José Guerrero (PP), también estuvo investigado, aunque la causa contra él fue archivada provisionalmente por motivos de salud.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan a 2002, cuando presuntamente el entonces regidor negoció con el empresario la venta de una finca de su propiedad para instalar una estación de servicio, pese a que el uso era incompatible con la calificación urbanística del suelo, considerado residencial.
El Ministerio Público sostiene que, a pesar de ser “contraria a la normativa vigente”, la operación siguió adelante con la supuesta connivencia de responsables municipales y técnicos, incluyendo la aprobación de licencias y proyectos, así como un presunto cambio fraudulento en la clasificación del suelo para permitir la actividad.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita penas de 18 meses de prisión para los tres exconcejales y el técnico municipal, y de 21 meses para el empresario implicado. La acusación particular, ejercida por un empresario que previamente había solicitado sin éxito una licencia para una gasolinera en la misma zona, eleva las penas y reclama además la anulación de las licencias concedidas y la demolición de la instalación.
Asimismo, esta parte solicita una indemnización por lucro cesante, cuya cuantía deberá determinarse en fase de ejecución de sentencia, al considerar que sufrió perjuicios económicos por no haber podido desarrollar su proyecto empresarial en el mismo emplazamiento.
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