El Ayuntamiento defiende la ZBE de Granada y sostiene que su situación es distinta a la de Málaga
Saavedra argumenta que la mala calidad del aire y el peso del tráfico metropolitano
El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha defendido este viernes la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital granadina y ha asegurado que las circunstancias de Granada son diferentes a las de Málaga, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya anulado en esta última ciudad el sistema sancionador que multaba únicamente a los vehículos domiciliados fuera del municipio por considerarlo discriminatorio.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Saavedra ha recordado que la implantación de la ZBE responde, en primer lugar, al cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer este tipo de medidas para reducir las emisiones contaminantes.
No obstante, el portavoz popular ha subrayado que Granada cuenta con una realidad específica que, a su juicio, la diferencia claramente de Málaga. “Granada tiene una calidad del aire muy mala”, ha señalado, insistiendo en que la puesta en marcha de la ZBE “no ha sido ni mucho menos un capricho”, sino la respuesta a una obligación legal y a un problema de salud pública.
Saavedra ha destacado además que cerca del 70 por ciento de los vehículos que circulan diariamente por la capital proceden de municipios del área metropolitana, una circunstancia que considera determinante para entender la necesidad de adoptar medidas de control del tráfico contaminante.
“Nosotros no criminalizamos a nadie, pero es un problema metropolitano el que tiene Granada”, ha afirmado el portavoz municipal, apoyándose en los informes técnicos que, según ha explicado, respaldan estos datos. En este sentido, ha mostrado su confianza en que la justicia tenga en cuenta estas particularidades si en el futuro debe pronunciarse sobre la regulación granadina, que también contempla sanciones para vehículos domiciliados fuera de la ciudad.
El dirigente popular ha ido más allá y ha señalado que, siguiendo el criterio de la libre circulación esgrimido en la sentencia sobre Málaga, podrían cuestionarse otras restricciones existentes en determinadas zonas urbanas donde el acceso está limitado a residentes para reducir el ruido o la congestión del tráfico, como ocurre en barrios históricos como el Albaicín.
En el plano político, Saavedra ha dirigido sus críticas a Vox, formación que mantiene un recurso contra la Zona de Bajas Emisiones de Granada.
El portavoz ha advertido de que sería “una pena” que una eventual resolución judicial derivada de ese recurso terminara obligando también a los granadinos empadronados en la capital a pagar por circular con vehículos altamente contaminantes dentro de la ciudad.
“Cuando se mueven, si es que se mueven con un coche altamente contaminante, es que se están desplazando para ir a su casa”, ha argumentado. Por ello, ha cuestionado si Vox pretende extender esas restricciones también a los residentes de Granada.
Finalmente, Saavedra ha asegurado que, si una futura decisión judicial provocara cambios en el actual modelo de la ZBE y afectara a los conductores de la capital, “los granadinos tendrían que agradecérselo al grupo Vox”, concluyó.
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