El TSJA anula la restricción del Ayuntamiento de Granada a las viviendas turísticas
El tribunal considera ilegal equiparar por vía interpretativa estos alojamientos a los hoteles y el Consistorio anuncia recurso
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Granada que pretendía imponer a las viviendas de uso turístico restricciones propias de los establecimientos hoteleros.
Según la sentencia, adelantada por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza la fórmula utilizada por el Consistorio y estima el recurso presentado por la Asociación de Apartamentos, Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada.
El alto tribunal concluye que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad no contempla regulación específica sobre viviendas turísticas, “ni menos aún sus restricciones o limitaciones”. Por ello, considera que intentar introducir estas condiciones mediante un criterio interpretativo resulta contrario a derecho.
Asimismo, la Sala subraya que ni el planeamiento urbanístico ni la normativa autonómica permiten deducir que los requisitos exigidos a los hoteles deban aplicarse automáticamente a las viviendas de uso turístico. En este sentido, recuerda que las facultades interpretativas de la administración son limitadas y que cualquier cambio que implique nuevas obligaciones o restricciones debe tramitarse como una modificación formal del plan, con todas las garantías legales.
Desde AvitarGranada han criticado que el Ayuntamiento “quiso imponer por atajo político lo que solo podía hacerse mediante una innovación del planeamiento”. La asociación sostiene que se intentó aplicar a estas viviendas el régimen urbanístico hotelero, pese a que la normativa andaluza diferencia claramente entre hoteles, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico.
El colectivo también ha advertido de que cualquier futura regulación deberá respetar los principios de proporcionalidad, objetividad y no discriminación, tanto en el marco español como europeo. Además, ha animado a los afectados por la aplicación del acuerdo —con licencias bloqueadas o actividades paralizadas— a reclamar posibles daños económicos, incluyendo inversiones frustradas o pérdidas de ingresos.
El Ayuntamiento recurrirá
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, ha anunciado que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia mediante un recurso de casación.
El edil ha defendido que el criterio anulado fue aprobado en julio de 2024 sin votos en contra y ha recordado que el proceso para regular las viviendas turísticas no se detuvo ahí, ya que posteriormente se inició una innovación del planeamiento, aprobada inicialmente a principios de 2025 y aún en tramitación.
Catalina ha asegurado que los servicios jurídicos municipales ya trabajan en el recurso y ha defendido que la regulación impulsada por el Consistorio busca “mejorar la convivencia en la ciudad” mediante un mayor control de las viviendas de uso turístico.
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