Por Andalucía propone un modelo energético público y descentralizado frente a la “especulación” eléctrica
La coalición, con el candidato Rafa Sánchez Rufo, apuesta por impulsar la energía solar con control público y proteger el territorio en Granada
La coalición Por Andalucía ha presentado este domingo sus principales propuestas en materia de transición energética y despliegue fotovoltaico, apostando por un modelo “descentralizado, limpio y de gestión pública” frente al que consideran un sistema actual basado en la “desregulación y el extractivismo”.
Según ha informado Izquierda Unida, la candidatura sitúa la transición ecológica en el centro de su programa, especialmente en un contexto de emergencia climática que afecta de forma directa a la provincia de Granada con episodios de sequía y aumento de temperaturas.
El candidato Rafa Sánchez Rufo ha defendido que “la luz y el sol de Andalucía no pueden ser el nuevo cortijo de las multinacionales eléctricas”, apostando por un modelo en el que la energía esté gestionada por la ciudadanía a través de cooperativas, comunidades energéticas y una futura empresa pública.
Entre las medidas destacadas, la coalición plantea impulsar la instalación de energía solar priorizando cubiertas de edificios, polígonos industriales y suelos degradados, evitando así el impacto de macroproyectos en espacios naturales y agrícolas.
Asimismo, el programa incluye el proyecto ‘La Andalucía de los cien mil tejados solares para 2030’, con el objetivo de fomentar el autoconsumo en hogares, pymes e instituciones públicas, así como la creación de una Empresa Pública de Energía que actúe también como comercializadora para garantizar precios asequibles y evitar, según la coalición, abusos del oligopolio eléctrico.
Otra de las líneas clave es el impulso de las Comunidades Energéticas Locales, con la meta de que todos los municipios andaluces cuenten con iniciativas de este tipo antes de 2030, con participación pública.
Además, Por Andalucía plantea frenar la especulación mediante una planificación territorial vinculante y evaluaciones ambientales más estrictas, junto a garantías económicas para la restauración de los espacios afectados por instalaciones energéticas.
En el ámbito económico, la coalición propone que el 40% de los ingresos generados por el alquiler de terrenos para megaproyectos energéticos revierta directamente en los ayuntamientos, con el objetivo de reforzar los servicios públicos y fijar población en el territorio.
Sánchez Rufo ha concluido haciendo un llamamiento a la participación en las próximas elecciones, defendiendo que su propuesta representa “un modelo productivo verde” que proteja el entorno y abarate la factura eléctrica para la ciudadanía.
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