Por Andalucía exige a la Junta que intervenga en el conflicto laboral del Metro
La formación reclama una mediación activa para resolver las reivindicaciones de la plantilla y plantea abrir el debate sobre una futura gestión pública del servicio
Por Andalucía ha registrado este martes una iniciativa en el Parlamento andaluz para reclamar a la Junta de Andalucía una implicación directa en el conflicto laboral que mantiene la plantilla del Metro de Granada, con el objetivo de favorecer una solución negociada y garantizar unas condiciones laborales dignas para los trabajadores del servicio.
El diputado de Por Andalucía por Granada, Rafael Sánchez Rufo, ha comparecido junto al comité de empresa tras mantener varios encuentros con los representantes de los trabajadores y conocer de primera mano sus reivindicaciones, que ha calificado de "justas y razonables".
Según ha explicado, una de las principales demandas de la plantilla es la equiparación salarial con los empleados de otros sistemas metropolitanos andaluces. "Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que realizan el mismo trabajo que empleados de otros metros andaluces y que llegan a cobrar hasta 600 euros menos al mes. Esa situación es sencillamente injustificable", ha afirmado.
Sánchez Rufo ha recordado que la Junta de Andalucía es la administración responsable del servicio y considera que no puede mantenerse al margen de un conflicto que afecta tanto a los trabajadores como a miles de usuarios del área metropolitana granadina.
"La Junta no puede seguir mirando hacia otro lado. Tiene la obligación de implicarse, mediar y trabajar para resolver este conflicto", ha señalado el parlamentario, quien ha defendido que unas condiciones laborales adecuadas son también una garantía para mantener la calidad y la eficacia del transporte público.
Desde la formación consideran que la solución pasa por avanzar en la mejora de las condiciones laborales de la plantilla y en la equiparación salarial respecto a otros metros andaluces. Asimismo, reclaman un mayor control público sobre la empresa concesionaria encargada de la explotación del servicio.
La iniciativa registrada en la Cámara andaluza incluye además la petición de que la Junta refuerce las labores de inspección y seguimiento de la concesión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de los compromisos asociados a la prestación del servicio público.
Debate sobre el futuro modelo de gestión
Más allá de la resolución inmediata del conflicto, Por Andalucía también propone abrir un debate sobre el modelo de gestión del Metro de Granada de cara a la finalización de la actual concesión.
En este sentido, Sánchez Rufo ha defendido que existen experiencias que demuestran la viabilidad de gestionar directamente los servicios públicos desde las administraciones, garantizando tanto la calidad de la prestación como los derechos laborales de las plantillas.
"Cuando llegue el momento de decidir el futuro del Metro de Granada tendremos que preguntarnos si queremos seguir dejando este servicio en manos privadas o si apostamos por una gestión pública que garantice derechos laborales, estabilidad y un servicio de calidad para la ciudadanía", ha manifestado.
Para la coalición de izquierdas, la situación actual pone de manifiesto las limitaciones del modelo vigente, al permitir diferencias salariales significativas entre trabajadores que desempeñan funciones similares en distintos sistemas de transporte metropolitano andaluces.
Sánchez Rufo ha concluido asegurando que "defender a los trabajadores y trabajadoras del Metro de Granada es defender un transporte público de calidad para Granada", insistiendo en que los servicios públicos no pueden sustentarse sobre condiciones laborales precarias.
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