Almuñécar afronta una factura de unos 20 millones por el convenio urbanístico de Torre Galera
Una sentencia firme obliga al Ayuntamiento a devolver 9,86 millones recibidos entre 2005 y 2007 más los intereses acumulados durante casi dos décadas
El Ayuntamiento de Almuñécar tendrá que afrontar una factura que podría rondar los 20 millones de euros como consecuencia de la sentencia firme relacionada con el convenio urbanístico de Torre Galera, firmado en 2005. La resolución obliga al Consistorio a devolver los 9.866.615 euros que recibió de la promotora, cantidad a la que deberán añadirse los intereses legales acumulados durante prácticamente dos décadas.
El alcalde, Juan José Ruiz Joya, ha explicado este martes, tras la celebración de un pleno extraordinario, que el Ayuntamiento intentó recurrir la resolución mediante apelación y posteriormente ante el Tribunal Supremo, pero ninguna de las vías ha prosperado. La inadmisión del recurso de casación convierte la resolución en firme y obliga ahora al Consistorio a afrontar sus consecuencias económicas.
"No estamos hablando de un problema urbanístico del pasado. Estamos hablando de una factura que el pasado acaba de dejar encima de la mesa de todos los vecinos", ha señalado Ruiz Joya.
Un convenio firmado en 2005
El procedimiento tiene su origen en un convenio urbanístico mixto de planeamiento y gestión firmado el 14 de noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento, representado entonces por el alcalde Juan Carlos Benavides Yanguas, y la mercantil INONSA S.L., posteriormente absorbida por Inmobiliaria Osuna S.L.
El acuerdo afectaba a las parcelas R1-A, R1-B y R1-C del ámbito de La Galera y estaba vinculado a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se tramitaba en aquellos momentos. El convenio contemplaba incrementar en 56.942,08 metros cuadrados de techo la edificabilidad de las parcelas, que pasaría de los 48.630 metros cuadrados inicialmente previstos a más de 105.000, un incremento del 117%.
La mitad de ese aumento de edificabilidad, 28.471,04 metros cuadrados de techo, correspondería al Ayuntamiento como participación de la comunidad en las plusvalías generadas. La empresa adquiriría ese aprovechamiento por 14.875.049,58 euros, además de contemplarse la cesión de suelo al Consistorio.
La mercantil realizó dos pagos: 4.858.181,17 euros en noviembre de 2005 y 5.008.434,20 euros en febrero de 2007, que sumaron 9.866.615,37 euros. Un tercer abono de algo más de cinco millones quedó condicionado a la aprobación definitiva del PGOU, circunstancia que finalmente no se produjo.
El propio convenio establecía que, si el planeamiento no era aprobado definitivamente en los términos previstos, el Ayuntamiento tendría que devolver las cantidades recibidas junto con los correspondientes intereses legales.
Los intereses pueden elevar la factura hasta los 20 millones
El paso del tiempo ha incrementado considerablemente el impacto económico. Aunque la cifra definitiva deberá ser determinada por la Intervención municipal, el Ayuntamiento calcula que los 9,86 millones de principal más los intereses acumulados pueden situar actualmente la obligación en torno a los 20 millones de euros.
Ruiz Joya ha dimensionado la cantidad señalando que, tomando como referencia unos 28.000 habitantes, equivaldría aproximadamente a 714 euros por vecino, o cerca de 2.900 euros para una familia de cuatro miembros.
"Ese dinero pertenece a todos. Es dinero con el que se construyen calles, con el que hacemos aparcamientos, con el que ayudamos a nuestros jóvenes, con el que atendemos a nuestros mayores, con el que mejoramos nuestros barrios y con el que seguimos transformando Almuñécar y La Herradura", ha afirmado.
El alcalde ha explicado además que el dinero recibido en su momento estaba destinado, según el convenio, a financiar infraestructuras y equipamientos medioambientales, deportivos y culturales, por lo que esas cantidades ya fueron empleadas en actuaciones municipales. "Una infraestructura que debería haberse pagado una vez puede terminar pagándose varias veces", ha resumido.
El Ayuntamiento estudiará reclamar responsabilidades
El Gobierno municipal ha dado instrucciones a los servicios jurídicos para estudiar todas las posibilidades legales existentes y, especialmente, la viabilidad de ejercer una acción de repetición para determinar si pueden reclamarse responsabilidades a las personas que pudieran haber intervenido en las actuaciones que originaron el perjuicio económico.
El acuerdo municipal contempla analizar si existen los requisitos legales necesarios para emprender acciones contra cargos electos o personal técnico que suscribieron o informaron favorablemente el convenio. Ruiz Joya ha pedido prudencia y ha recalcado que serán los servicios jurídicos y, en su caso, los tribunales los encargados de determinar la existencia de responsabilidades.
"Yo no voy a condenar a nadie. No me corresponde. No soy juez. Serán los servicios jurídicos quienes determinen si existen responsabilidades y, si procede, serán los tribunales quienes decidan", ha señalado.
El alcalde ha defendido, no obstante, la necesidad de explorar todas las vías para evitar que el coste recaiga exclusivamente sobre los ciudadanos. "Si jurídicamente existe la posibilidad de que quienes resulten responsables respondan por este perjuicio, este alcalde va a intentar que respondan. No por venganza ni por revancha política, sino por justicia con los vecinos", ha añadido.
Fondo de Ordenación y Plan de Ajuste
El pleno extraordinario ha abordado también la adhesión del Ayuntamiento al Fondo de Ordenación para 2027 y la aprobación de un Plan de Ajuste, instrumentos con los que el Consistorio pretende disponer de capacidad financiera para afrontar una obligación de esta magnitud y reducir en lo posible su repercusión sobre los servicios públicos y las inversiones municipales.
Ruiz Joya ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha asegurado que el Ayuntamiento continuará con los proyectos previstos pese al importante impacto económico de la sentencia. "Torre Galera no va a paralizar Almuñécar", ha afirmado.
El regidor ha asegurado que se mantendrán las actuaciones en calles, vivienda, políticas para jóvenes y mayores y nuevos equipamientos tanto en Almuñécar como en La Herradura. "No nos corresponde cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacemos cuando sus consecuencias llegan al presente", ha concluido.
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