El Defensor del Pueblo Andaluz pide impulsar la rehabilitación de la iglesia de la Encarnación en Alhama de Granada
El edificio, cerrado desde 2018 por riesgo de derrumbe, requiere un proyecto conjunto entre el Arzobispado y la Junta para su restauración
El Defensor del Pueblo Andaluz ha ratificado la necesidad de impulsar definitivamente el protocolo para la rehabilitación de la iglesia de la Encarnación de Alhama de Granada, cerrada al culto desde 2018, asumiendo la responsabilidad principal el Arzobispado y las autoridades culturales de la Junta de Andalucía.
En el texto de cierre de una queja de oficio iniciada en abril, y tras recabar informes de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte y del Ayuntamiento local, el Defensor subraya que las actuaciones anunciadas deben revertir en una mejora tangible del estado del templo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y en el avance de proyectos concretos para su conservación.
Recientemente, desde la Delegación y el Arzobispado se han llevado a cabo visitas e inspecciones técnicas para documentar la situación y avanzar en la planificación de la intervención en las cubiertas, uno de los puntos más críticos debido al hundimiento parcial sufrido.
El Ayuntamiento de Alhama destaca la fuerte vinculación de la población con la iglesia, que forma parte fundamental de su historia desde hace más de cinco siglos. Desde 2006 comenzaron a detectarse problemas estructurales, lo que motivó obras en 2008 y una intervención de urgencia en 2021 por parte de la Junta de Andalucía para apuntalar la cubierta. No obstante, el templo permanece cerrado y las soluciones aún no se han concretado.El Defensor otorga un plazo para evaluar las próximas actuaciones, reiterando la voluntad de hacer seguimiento y asegurar el impulso definitivo que permita su restauración. Mientras tanto, la Diputación Provincial ha previsto un importante aporte económico para colaborar en la recuperación de este emblemático inmueble.
Durante décadas, la iglesia ha sufrido sucesivos problemas y ha sido objeto de diversas intervenciones paliativas. Ahora, con el protocolo firmado en noviembre de 2024 entre el Arzobispado, la Junta y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, se busca un trabajo conjunto para elaborar y ejecutar la mejor solución técnica, que garantice la seguridad y la protección del monumento histórico.
La comunidad local, a través de diversas asociaciones, ha mostrado su alarma y ha convocado manifestaciones para reclamar respuestas y acción urgente antes de que el estado de la iglesia se deteriore aún más, poniendo en riesgo un patrimonio invaluable para toda la provincia de Granada.
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