Granada activa un plan de choque ante 87 robos de cableado eléctrico en lo que va de año
Las sustracciones han costado ya más de 205.000 euros a las arcas municipales y solo en las últimas cuatro semanas han desaparecido más de 20.000 metros de cable
El Ayuntamiento de Granada y la Subdelegación del Gobierno han acordado reforzar la respuesta policial ante el importante incremento de los robos de cableado eléctrico registrados en la red municipal de alumbrado público. La situación ha sido abordada este martes en una sesión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad, en la que se ha apostado por incrementar la coordinación, la vigilancia y la investigación para tratar de frenar estas sustracciones.
Según los datos del Servicio de Instalaciones Exteriores del Ayuntamiento, desde principios de 2026 se han contabilizado un total de 87 robos, cuyo coste de reposición alcanza ya los 205.681 euros a fecha de 31 de agosto. La incidencia de estos delitos se ha intensificado especialmente desde abril y afecta principalmente a líneas subterráneas de alimentación, conductores de cobre situados entre arquetas y derivaciones hacia columnas y báculos.
La concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo, ha advertido de las consecuencias que estos hechos están teniendo sobre distintos puntos de la ciudad, donde la interrupción del alumbrado afecta directamente a la seguridad y la movilidad de los ciudadanos.
Agudo ha defendido la necesidad de actuar desde la "máxima coordinación y contundencia" para "no normalizar una situación extraordinaria".
El informe municipal diferencia tres periodos. Entre enero y abril se produjeron 13 incidencias, cuya reparación, por valor de 22.309 euros, se ha realizado mediante el contrato ordinario de conservación del alumbrado público. Desde abril hasta el 16 de julio se contabilizaron otras 40, valoradas en 93.989 euros, que se encuentran en proceso de reposición mediante un primer contrato de emergencia.
A ellas se suman otras 34 sustracciones producidas en apenas mes y medio, entre el 17 de julio y el 31 de agosto, que han generado daños valorados en 89.383 euros.
La situación se ha agravado especialmente en las últimas semanas. "La intensidad de los robos se ha acentuado especialmente durante las cuatro últimas semanas, en las que se han llegado a sustraer más de 20.000 metros de cable", ha explicado Agudo.
Los daños tampoco se limitan al material sustraído. Según ha detallado el Ayuntamiento, en numerosos casos los autores arrancan las tapas de las arquetas, destruyen empalmes y deterioran cajas de protección.
Durante la extracción también pueden producirse cortocircuitos, aumentando los desperfectos ocasionados en las instalaciones municipales.
Especial preocupación generan aquellos puntos donde los robos se repiten incluso después de haberse repuesto el cableado. Es el caso de la avenida Julio Moreno Dávila, que acumula ya cuatro sustracciones durante este año. También se han registrado episodios recurrentes en vías como la calle Manolé, Ribera del Beiro o Fray Juan Sánchez Cotán.
Más vigilancia sobre furgonetas y chatarrerías
Ante esta situación, la Junta Local de Seguridad ha acordado intensificar las medidas de prevención, vigilancia e investigación con el objetivo de identificar y detener a los responsables.
"Compartimos nuestra preocupación con la Subdelegación del Gobierno y consideramos la necesidad de redoblar esfuerzos mediante un plan de choque de refuerzo de los dispositivos policiales que permita minimizar el impacto de esta situación. La prioridad debe ser proteger a los vecinos y evitar que estos hechos sigan repitiéndose", ha señalado Agudo.
Entre las medidas planteadas figuran controles y actuaciones conjuntas de vigilancia con carácter metropolitano para monitorizar furgonetas, además de realizar junto a Policía Nacional y Guardia Civil un seguimiento exhaustivo de los movimientos registrados en las chatarrerías y del resto de la cadena de distribución del material.
El Ayuntamiento mantiene paralelamente los trabajos para reparar los daños y recuperar cuanto antes el alumbrado en las calles afectadas, aunque Agudo ha advertido de que "reparar después de cada robo no puede ser la única respuesta".
La concejala ha incidido en que las consecuencias de estos delitos van más allá de los 205.000 euros que hasta el momento supone la reposición del material. "Los robos provocan la inutilización inmediata de centros de mando, líneas eléctricas y puntos de luz, lo que tiene consecuencias directas sobre la seguridad de las personas, la movilidad urbana de peatones y conductores y la correcta prestación de los servicios públicos en los barrios", ha explicado.
Agudo ha valorado la predisposición de las administraciones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para trabajar de manera coordinada y confía en que el dispositivo permita actuar no solo contra quienes ejecutan directamente las sustracciones, sino también contra las posibles estructuras que se encuentren detrás de la reiteración de estos robos y de la posterior comercialización del material.
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