Trabajadores de Servicios Sociales vuelven a movilizarse para exigir más personal y recursos
La plantilla critica la falta de atención del Ayuntamiento y acusa a la alcaldesa de usar el área con fines políticos
Los profesionales de los Servicios Sociales municipales de Granada han protagonizado una nueva concentración en la Plaza del Carmen para reclamar más personal y recursos públicos que permitan atender adecuadamente las crecientes demandas sociales de la ciudad.
Las movilizaciones, que coinciden habitualmente con los días de Pleno municipal, se han convertido en una protesta recurrente de la plantilla del Área de Derechos Sociales, dirigida por Amparo Arrabal. Decenas de trabajadoras y trabajadores —en su mayoría mujeres— denuncian desde hace años la falta de efectivos, medios materiales y una organización interna que consideran deficiente.
En esta ocasión, el malestar ha sido mayor tras las recientes declaraciones de la alcaldesa, Marifrán Carazo, a la que acusan de referirse al área “solo como arma arrojadiza” en relación con el debate sobre la regularización de personas migrantes. Según las portavoces de la concentración, estas palabras evidencian una falta de atención a las reivindicaciones del colectivo durante la legislatura.
Desde la asamblea de trabajadoras han asegurado que el Ayuntamiento no ha atendido sus demandas ni ha abierto espacios de diálogo en casi tres años de mandato. Además, han mostrado su apoyo a los procesos de regularización y han advertido del riesgo de fomentar discursos discriminatorios al utilizar los Servicios Sociales con fines políticos.
Los sindicatos que respaldan las movilizaciones han denunciado una “situación de negligencia” por parte del Consistorio, señalando la sobrecarga laboral y los riesgos psicosociales derivados de la falta de personal. Asimismo, critican que la modificación de plantilla presentada en el Pleno no contemple nuevas plazas para el área ni medidas para recuperar puestos perdidos en los últimos años.
Durante la protesta, también se ha puesto en valor el papel de los Servicios Sociales públicos frente a lo que consideran intentos de externalización. En este sentido, han rechazado la sustitución de personal funcionario por voluntariado o profesionales de ONG en centros municipales, defendiendo que la atención social debe garantizarse desde lo público, al igual que la sanidad o la educación.
Los manifestantes han advertido de que continuarán con las movilizaciones hasta que se produzca un cambio en la política social del Ayuntamiento. Como próxima acción, han anunciado la celebración de un festival reivindicativo por los derechos sociales el próximo 9 de mayo, con el objetivo de visibilizar la situación del sector y mantener la presión institucional.
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