Investigadores biosanitarios denuncian desigualdad salarial en Andalucía y reclaman aplicar la ley estatal
CGT-FIBAO advierte de precariedad y fuga de talento en el sistema público mientras espera una resolución judicial clave
La investigación biosanitaria, considerada un pilar fundamental de la sanidad pública, se encuentra en el centro de la polémica en Andalucía por la situación laboral de sus profesionales. La sección sindical de CGT-FIBAO ha denunciado la falta de equiparación salarial entre el personal investigador de las fundaciones biosanitarias y el sistema sanitario público.
Actualmente, unos 1.600 profesionales desarrollan su labor en hospitales del Servicio Andaluz de Salud, integrados en equipos clínicos y trabajando con medios públicos. Sin embargo, tras la salida de las fundaciones del sector público andaluz en noviembre de 2023, estos trabajadores continúan desempeñando funciones esenciales sin el reconocimiento laboral y retributivo correspondiente.
Según denuncian desde CGT-FIBAO, esta situación contraviene lo establecido en la Ley 17/2022 de investigación biomédica, que recoge el principio de equiparación salarial entre profesionales con funciones equivalentes dentro del sistema sanitario público. A pesar de ello, este criterio no se está aplicando en Andalucía, a diferencia de otras comunidades como Madrid o Valencia, donde sí se ha implementado.
La organización sindical alerta de que las diferencias salariales son “muy significativas”, llegando en algunos casos a duplicarse los sueldos entre trabajadores del sistema público y aquellos contratados a través de fundaciones, pese a compartir entorno, objetivos y responsabilidades.
Además, critican que en la negociación del nuevo convenio colectivo las fundaciones se han negado a aplicar dicha normativa, planteando salarios incluso inferiores a los acordados hace cinco años. Esta situación, advierten, está generando precariedad estructural, inestabilidad laboral y una creciente fuga de talento hacia otras regiones o al sector privado.
El conflicto ha llegado a los tribunales y el pasado 22 de abril de 2026 se celebró un juicio cuyo fallo podría marcar un punto de inflexión. Desde CGT-FIBAO esperan que la resolución suponga un avance en términos de equidad, eficiencia y calidad asistencial.
Los investigadores subrayan que no se trata solo de una reivindicación laboral, sino de una cuestión que afecta directamente al conjunto del sistema sanitario público, ya que la investigación es clave para la innovación terapéutica, la mejora asistencial y la sostenibilidad futura de la sanidad.
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