IU denuncia el "desmantelamiento político" del campo granadino y reclama un giro en las políticas agrarias
La formación alerta de pérdidas millonarias en el sector, critica la exclusión de miles de agricultores de las ayudas por los temporales
La agricultura y la ganadería de la provincia de Granada atraviesan una de las situaciones más delicadas de los últimos años, según ha denunciado Izquierda Unida, que ha mostrado su respaldo al sector primario y ha reclamado un cambio en las políticas agrarias para frenar el deterioro económico que sufren agricultores y ganaderos.
La formación sostiene que la combinación de la sequía, la desregulación de los mercados y la falta de una respuesta institucional eficaz está provocando la expulsión progresiva de familias trabajadoras del medio rural, una situación que, a su juicio, responde a decisiones políticas que benefician a los grandes operadores agroindustriales.
Entre los datos aportados, Izquierda Unida señala que las pérdidas directas en el sector cerealista de la provincia superan los 30 millones de euros, a lo que se suma el impacto de los temporales registrados a comienzos de este año.
Además, denuncia que unos 17.600 agricultores y ganaderos pertenecientes a 34 cooperativas granadinas han quedado fuera de las ayudas directas habilitadas tras los siniestros, una exclusión que, según sus cálculos, supondrá una merma de alrededor de 63 millones de euros en rentas agrarias.
La formación considera que esta situación afecta especialmente a la ganadería extensiva, los cultivos de secano, el olivar, el almendro y las producciones hortofrutícolas de la Costa Tropical y del interior de la provincia, sectores que, aseguran, continúan soportando precios en origen que no cubren los costes de producción.
La diputada provincial de Izquierda Unida Granada, Mari Carmen Pérez, ha asegurado que "el campo de Granada está sufriendo un desmantelamiento político planificado en beneficio de las grandes distribuidoras y los fondos de inversión". Asimismo, ha criticado que los agricultores asuman las pérdidas derivadas de los fenómenos climáticos mientras, según sostiene, se reducen los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y se respaldan acuerdos comerciales como Mercosur.
En este sentido, Pérez ha reclamado el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, medidas para frenar la especulación con la tierra y el agua y una mayor protección de los derechos laborales de los jornaleros, así como un mayor reconocimiento del papel de la mujer rural.
Izquierda Unida también ha dirigido sus críticas al Partido Popular, al que acusa de mantener un discurso de apoyo al campo en la provincia mientras, según la formación, respalda en las instituciones europeas políticas que perjudican a las explotaciones familiares. En concreto, cuestiona los recortes previstos en los fondos de la PAC y el apoyo al acuerdo comercial con Mercosur, al considerar que introduce una competencia desleal para las producciones locales.
La formación concluye defendiendo que el sector primario debe convertirse en una prioridad política, al considerarlo esencial para garantizar el empleo, combatir la despoblación del medio rural y asegurar una alimentación de calidad para la ciudadanía.
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