IU denuncia el despido de 120 interinos de la Diputación de Granada tras el cierre del Reina Sofía
La diputada provincial Mari Carmen Pérez acusa al gobierno del PP de aprovechar los daños provocados por los terremotos para reducir personal
Izquierda Unida ha denunciado que el gobierno del Partido Popular en la Diputación de Granada ha aprobado una reorganización de recursos humanos que, según la formación, supondrá el cese inminente de 120 trabajadores interinos de distintos centros sociales, en su mayoría mujeres, tras el cierre del Centro Psicopedagógico Reina Sofía de Armilla por los daños ocasionados por los terremotos.
La diputada provincial de IU, Mari Carmen Pérez, ha acusado al ejecutivo provincial de aprovechar esta situación para reducir la plantilla sin ofrecer alternativas de reubicación ni garantías sobre el futuro laboral de las personas afectadas.
"El PP ha vuelto a utilizar su rodillo de mayoría absoluta en el último pleno ordinario celebrado para aprobar un plan de ordenación de recursos humanos que penaliza a los trabajadores interinos que, en algunos casos, llevan décadas prestando sus servicios en los centros sociales dependientes de la institución", ha manifestado.
IU cuestiona la reorganización del personal tras el cierre del Reina Sofía
El Centro Psicopedagógico Reina Sofía cerró sus instalaciones el pasado mes de agosto como consecuencia de los desperfectos provocados por la actividad sísmica registrada en Granada.
Esta circunstancia obligó a trasladar a los usuarios a otros centros y a redistribuir parte del personal que prestaba servicio en las instalaciones.
Sin embargo, IU considera que la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) impulsada por el gobierno provincial va más allá de una reorganización derivada del cierre y supone, en la práctica, una reducción de efectivos.
Pérez ha cuestionado que no se hayan explorado otras fórmulas para mantener los puestos de trabajo, especialmente en el caso de empleados interinos que acumulan una larga trayectoria profesional en los servicios sociales de la Diputación.
Según la diputada, algunas de las trabajadoras afectadas llevan hasta 20 años prestando servicio y tenían expectativas de estabilizar su situación laboral.
Critican una penalización de cinco meses para nuevas contrataciones
Uno de los aspectos más cuestionados por Izquierda Unida es la existencia, según denuncia la formación, de una limitación temporal que impediría contratar nuevamente a las personas interinas cesadas durante los cinco meses posteriores a la finalización de su relación laboral, incluso si surgieran nuevas necesidades de personal.
Pérez considera que esta medida agrava la incertidumbre de las trabajadoras y dificulta sus posibilidades de reincorporación a los centros dependientes de la institución provincial.
"La falta de diálogo ha sido tremenda. Hemos visto cómo ni tan siquiera se han molestado por reunirse con ellas", ha censurado la diputada.
La representante de IU también ha reclamado explicaciones sobre el futuro del Centro Psicopedagógico Reina Sofía y las posibilidades de recuperar su actividad.
En concreto, ha preguntado si los dos millones de euros procedentes del Consorcio de Compensación de Seguros y los 300.000 euros aportados por la Junta de Andalucía se destinarán a la rehabilitación del inmueble.
"El gobierno del PP pretende adquirir castillos, comprar el edificio del Banco de España y conventos, pero el salario y los puestos de trabajo, eso sí se toca", ha criticado.
Rechazada la moción de IU para proteger la Sierra de la Contraviesa
Por otra parte, Izquierda Unida ha lamentado el rechazo de una moción presentada en el pleno provincial para reclamar medidas de protección ambiental, económica y social en la Sierra de la Contraviesa ante los proyectos de infraestructuras eléctricas previstos en la comarca.
La iniciativa no salió adelante debido al voto contrario del Partido Popular y Vox, una decisión que Pérez ha cuestionado al considerar que deja sin suficiente respaldo institucional a los vecinos y agricultores afectados.
La diputada ha defendido la necesidad de preservar la riqueza ambiental, paisajística, cultural y patrimonial de este territorio, así como de garantizar los derechos de los propietarios ante los procedimientos de expropiación.
Preocupación por las actuaciones en parcelas agrícolas
IU ha expresado su preocupación por las intervenciones vinculadas a los proyectos eléctricos de la compañía Cuerva, que, según denuncia la formación, han afectado a parcelas de viñedos de la comarca.
Pérez ha criticado que estas actuaciones se hayan desarrollado con presencia policial y ha denunciado la situación de indefensión que, a su juicio, están experimentando algunos propietarios.
"Para nosotros lo primero son las personas y la indefensión que están sufriendo", ha señalado.
La moción de IU planteaba una revisión ambiental integral de los proyectos eléctricos, mayores garantías para las personas afectadas por las expropiaciones y la adopción de medidas que permitan compatibilizar el desarrollo de las energías renovables con la conservación del territorio.
La formación ha reiterado su oposición a la reorganización laboral aprobada por la Diputación y ha reclamado tanto soluciones para el personal interino afectado como una mayor protección de los intereses de los vecinos de la Contraviesa.
La moción, presentada por la diputada provincial Mari Carmen Pérez, pide revisar el impacto de las infraestructuras previstas, garantizar los derechos de las personas afectadas por las expropiaciones
