IU exige a la Junta un "plan urgente" para Granada
La diputada y coordinadora provincial, Mari Carmen Pérez, ha afeado al Ejecutivo andaluz que delegue todas las responsabilidades en los Ayuntamientos y que "no contrate a rastreadores ni realice las PCRs exigibles"
La diputada y coordinadora provincial, Mari Carmen Pérez, ha denunciado la “inexistencia” de un plan concreto y urgente para Granada “para hacer frente al bloqueo económico y sanitario al que se ve sometido la provincia desde el pasado 7 de noviembre”. Ante las últimas medidas anunciadas el pasado domingo por el Ejecutivo andaluz en las que la provincia seguía catapultada al abismo del Covid con la prórroga del cierre de las actividades no esenciales, dando un pequeño respiro a la Costa y la Alpujarra, la formación de izquierdas ha espetado a Bonilla “que de una vez por todas escuche a sindicatos, a los profesionales sanitarios y a los ayuntamientos y diseñe un plan especial y concreto para la provincia”.
Pérez ha subrayado que los sacrificios impuestos a los vecinos de la provincia, y a los negocios, “deben ir parejos al reforzamiento de la Atención Primaria”. Junto a los sindicatos, la formación ha apoyado las reivindicaciones y movilizaciones organizadas por los profesionales sanitarios, “hemos elevado al Parlamento la situación de asfixia que vivían los sanitarios en los hospitales, con contagios masivos, lista de pacientes insostenible por profesional y la imposibilidad de establecer circuitos debido al elevado número de ingresos y el irrisorio estado de la plantilla”. Según ha destacado, con estos datos de incidencia, con hospitales saturados, profesionales exhaustos y la Atención Primaria colapsada, “ha de ser una prioridad intervenir la sanidad privada y ponerla al servicio de la pública para frenar esta pandemia”.
Otras de las denuncias que ha rescatado las ilustra el estado de las trabajadoras de la ayuda a domicilio, que han denunciado el aumento de positivos entre el plantilla, debido a la falta de pruebas y protección, y los contagios entre los profesionales sanitarios, “una de las aberraciones más abrumadoras en Granada”. “Todo ello, fruto de la falta de medios, la nula contratación y refuerzo de plantilla, además del estado raquítico en el que ya se encuentra nuestra Sanidad Pública”.
Del mismo modo, ha cuestionado cómo Granada no cuenta con unas herramientas especiales siendo la única provincia que continúa con la mayoría de actividad económica cerrada, “las restricciones son más duras pero el refuerzo para paliarlos es nulo”. Granada continúa con una incidencia de 800 casos por cada 100.000 habitantes, dato que, a juicio de la máxima dirigente de la formación en la provincia, subraya aún más que estamos lejos del resto de provincias. “Bonilla y el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, siguen señalando a Madrid como responsable de los problemas que hay en Granada, y ellos solo han demostrado a la perfección que solo son capaces de imitar el modelo Ayuso en el Sur; no alertar ni tomar medidas hasta que todo sea insostenible”.
Por otro lado, ha instado a la Junta a que “haga honor a sus responsabilidades y diseñe un plan de reactivación económica y ayudas para PYMES, pequeños comercios y autónomos, que asisten a un escenario de incertidumbre y desamparo terrible”. Además, ha rescatado cómo son los consistorios los que están desempeñado medidas y ordenanzas para apoyar a los trabajadores y pequeños comerciantes en los municipios, “los grupos municipales y los equipos de gobierno de nuestros consistorios están trabajando en ordenanzas y medidas como las exacciones fiscales o la subvención del pago del IBI, mientras el gobierno de Moreno Bonilla exige al Gobierno central firmeza cuando todas las medidas que benefician ahora mismo a nuestros pueblos vienen desde el mismo”.
Pérez ha rescatado la decisión del Gobierno de Coalición de permitir a los ayuntamientos el uso del superávit y dejar en suspenso las reglas fiscales en 2020 y 2021,”la eliminación del techo de gasto que regía los presupuestos junto al uso de la remanentes de Diputación, por ejemplo, suponen un gran alivio y margen para nuestros consistorios, pero es una desfachatez colgar sobre estos hombros toda la responsabilidad”.
