Izquierda Unida alerta de una “emergencia habitacional extrema” en Granada
acusa a fondos y rentistas de expulsar a la población y exige limitar alquileres y frenar nuevas viviendas turísticas
Izquierda Unida Granada, integrada en la coalición Por Andalucía, ha alertado de la “emergencia habitacional extrema” que afecta tanto a la capital como al conjunto de la provincia. La formación sostiene que la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un negocio en manos de fondos de inversión y rentistas, lo que está provocando la expulsión de familias trabajadoras y jóvenes, así como la progresiva privatización del patrimonio histórico.
Según la coalición, Granada se sitúa ya como la séptima capital española donde más se encarece el acceso a la vivienda. Los datos reflejan, a su juicio, una clara desconexión entre el mercado inmobiliario y la realidad salarial. En enero de 2026, el precio alcanzó los 2.558 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 11,6%. Solo un mes después, en febrero, la vivienda usada aumentó un 9%, acercándose a los 3.000 euros por metro cuadrado.
Las subidas afectan especialmente a barrios históricos y populares como el Albaicín, con un incremento del 27,1%, o La Chana, con un 23,2%. Asimismo, el encarecimiento se ha trasladado a la periferia, con aumentos del 39,4% en Padul y del 35,5% en Atarfe. En la capital, el alquiler de una vivienda familiar de unos 90 metros cuadrados alcanza ya los 1.118 euros mensuales, una cifra considerada inasumible para gran parte de la población.
IU denuncia que el mercado del alquiler reproduce esta misma “asfixia”, con un precio medio en la provincia cercano a los 10 euros por metro cuadrado.
La formación subraya que el 85% de los jóvenes no puede emanciparse, en gran medida por las exigencias de avales, seguros de impago y condiciones laborales difíciles de cumplir.
La coalición señala directamente a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) como uno de los principales motores de la crisis. Actualmente, existen más de 4.000 registradas en la capital y alrededor de 9.000 en toda la provincia. Como ejemplo de concentración, recuerdan la denuncia del Sindicato de Vivienda el pasado 15 de marzo contra un gran tenedor con más de 80 pisos turísticos en el barrio del Realejo.
Ante este escenario, el candidato por la provincia de Granada en Por Andalucía, Rafa Sánchez Rufo, ha llamado a la movilización social y ha acusado a las administraciones gobernadas por el Partido Popular y a la Junta de Andalucía de favorecer la especulación. En la misma línea, la coordinadora provincial de IU Granada y coportavoz de la coalición, Mari Carmen Pérez, ha criticado la “ausencia total de compromiso presupuestario” en materia de vivienda por parte del Ayuntamiento y la Diputación.
Pérez también ha calificado de “parche electoralista” el anuncio de la alcaldesa Marifrán Carazo sobre la recalificación de parcelas para 328 viviendas de protección oficial en Los Mondragones, al considerar que no responde a la magnitud del problema.
Por último, Por Andalucía ha señalado la responsabilidad de la Junta, que dispone de suelo para más de 6.300 viviendas protegidas en Granada, pero que solo ha ejecutado el 6,5% de las necesarias en la última década. Ante esta situación, Izquierda Unida reclama la declaración urgente de Granada como zona tensionada para limitar los precios del alquiler y una moratoria a nuevas licencias de viviendas turísticas.
La coalición critica la precariedad del dispositivo contra incendios y reclama contratos de 12 meses, mejoras salariales y desbloquear los traslados del personal
La formación critica los acuerdos comerciales de la UE, los recortes en la PAC y reclama una Ley de Soberanía Alimentaria para proteger al sector
