Izquierda Unida exige blindar el Plan Estatal de Vivienda para crear un parque público permanente
Mari Carmen Pérez, presenta una moción para instar a la Junta de Andalucía a destinar íntegramente los fondos estatales a vivienda protegida
El Grupo Provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Granada ha registrado una moción para exigir a la Junta de Andalucía que destine de forma exclusiva los recursos del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a políticas públicas y a la consolidación de un parque de vivienda permanente de titularidad pública.
La iniciativa busca dar respuesta a la situación que atraviesa la provincia en materia de acceso a la vivienda, marcada por el incremento de los precios del alquiler y la compra, la expansión de los alojamientos turísticos, la escasez de vivienda pública y la presión especulativa sobre el suelo. Según sostiene la formación, este contexto está dificultando especialmente el acceso a un hogar a jóvenes, familias vulnerables y personas con rentas medias y bajas.
IU considera que el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con 7.000 millones de euros, supone una oportunidad para impulsar un cambio de modelo. El programa contempla que el Estado financie el 60 por ciento de la inversión, mientras que las comunidades autónomas asumirán el 40 por ciento restante para desarrollar las distintas actuaciones.
La portavoz provincial de Izquierda Unida en la Diputación, Mari Carmen Pérez, ha defendido que estos recursos deben emplearse exclusivamente en la creación, ampliación y mantenimiento de vivienda pública. "Resulta imprescindible que las comunidades autónomas, y en especial la Junta de Andalucía como administración competente, destinen estos recursos íntegramente a la creación, ampliación y mantenimiento de un parque público estable", ha señalado.
La moción también reclama que las viviendas protegidas promovidas con financiación pública mantengan de forma permanente su carácter social. En este sentido, la formación apuesta por establecer la calificación indefinida tanto del suelo como de las viviendas protegidas para evitar que, una vez transcurrido un determinado plazo, puedan incorporarse al mercado libre.
Desde IU sostienen que el modelo de descalificación temporal aplicado durante décadas ha contribuido a reducir el parque público de vivienda y ha favorecido procesos especulativos. A su juicio, esta situación explica en parte que España se sitúe por debajo de la media europea en vivienda pública disponible.
Además, la propuesta plantea la creación de mecanismos de control, transparencia y evaluación sobre la ejecución de los fondos del Plan Estatal de Vivienda. La formación reclama que los ayuntamientos y las organizaciones sociales vinculadas a la defensa del derecho a la vivienda participen activamente en el seguimiento de las políticas que se desarrollen con cargo a estos recursos.
La iniciativa también insta al Gobierno central a mantener y reforzar la financiación estatal destinada a vivienda pública en futuros ejercicios, al tiempo que reivindica un mayor protagonismo de las entidades locales en la planificación y gestión de estas políticas.
En caso de ser aprobada, la Diputación Provincial trasladará los acuerdos al Gobierno andaluz, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento andaluz.
Izquierda Unida ha enmarcado esta propuesta en su defensa de la vivienda como un derecho fundamental y no como un bien sujeto exclusivamente a la lógica del mercado, apostando por reforzar el papel de las administraciones públicas para garantizar el acceso a un hogar digno.
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