La Cámara de Cuentas detecta "incumplimientos" en la gestión del Consorcio del Parque de las Ciencias en 2023
Concretamente, las áreas objeto de examen han sido las de organización y funcionamiento de la entidad; régimen patrimonial, presupuestario, contable y de control de la actividad
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido una "opinión desfavorable sobre el cumplimiento de legalidad" en la gestión realizada por el Consorcio Parque de las Ciencias de Granada en el ejercicio de 2023 en varias de las áreas que han sido objeto de fiscalización.
Concretamente, las áreas objeto de examen han sido las de organización y funcionamiento de la entidad; régimen patrimonial, presupuestario, contable y de control de la actividad. También se han fiscalizado las áreas de financiación; gestión del personal y contratación administrativa. El alcance temporal se circunscribe al ejercicio 2023, aunque cuando se ha considerado necesario para completar el trabajo se ha ampliado a periodos anteriores y posteriores.
En su informe, consultado por Europa Press, la Cámara de Cuentas de Andalucía señala que el contenido de los estatutos vigentes presenta "deficiencias, incoherencias y, en algunos casos, una falta de actualización" que deriva diversos "incumplimientos que afectan a la fiscalización". El organigrama aportado y publicado "carece del nombre de los responsables de cada puesto" que preceptúa la ley de transparencia pública de Andalucía, así como la datación del mismo con el fin de que sea conocida la fecha de aprobación, tal y como se dispone en las resoluciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos. A ello suma que los sistemas de información implantados en el consorcio no disponen del certificado de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad ni están adaptados al Esquema Nacional de Interoperabilidad, conforme estipula la normativa vigente.
En el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía correspondiente a la Cuenta General del año 2023, se indica que el Consorcio, como entidad sometida a contabilidad presupuestaria no se ha integrado en la Cuenta General debido a que "por tercer año consecutivo, no ha rendido determinados documentos preceptivos" que recoge la ley. A ello suma la Cámara que se incumple el principio contable del devengo que rige la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, "al reconocer en 2023 los derechos correspondientes a la aportación anual de financiación de la Diputación de Granada, por importe de 487.367 euros, y del servicio de explotación de la cafetería, por importe de 22.751 euros", cuando los actos administrativos que acreditan la realización efectiva de los citados servicios fueron expedidos durante los ejercicios 2021 y 2022, respectivamente. Además, del servicio de explotación de la cafetería se han reconocido 136.923 euros "sin la correspondiente cobertura legal", ya que el contrato de concesión administrativa se extinguió con fecha 14 de agosto de 2022, lo que incumple el art.4 de la citada Orden de 2015. Por su parte, el convenio colectivo no incluye las necesidades funcionales que recogen el Plan de ordenación de recursos humanos, aprobado por el Consejo Rector el 8 de junio de 2022, lo que ha ocasionado que la RPT no incluya nueve categorías profesionales, "aun cuando, constan como efectivos reales existentes en 2023", entre otras cuestiones.
Entre sus recomendaciones, la Cámara de Cuentas de Andalucía llama al Consorcio a revisar la RPT vigente y aprobar la plantilla del personal, con el objeto de obtener un instrumento que evidencie la organización de los recursos humanos disponibles conforme a los servicios que presta la entidad y "concuerde con los efectivos reales existentes". También, excluir del objeto de los contratos menores las prestaciones que tengan carácter recurrente o aquellas necesidades íntimamente ligadas al normal desarrollo de un servicio, "ya que para este tipo de necesidades se regula otros procedimientos" que responden a la necesidad de agilizar la contratación administrativa, sin el menoscabo de los principios de transparencia, publicidad y concurrencia. Junto a ello aconseja evitar prórrogas que responden a una situación excepcional y tramitar los contratos con la suficiente antelación a su fecha de expiración, "condición esta que no concurre en ninguno de los contratos analizados", según advierte el órgano fiscalizador. A ello suma la necesidad de establecer un procedimiento ágil que permita la publicación y transparencia íntegra y exacta de la actividad contractual y convencional desarrollada por la entidad; así como reforzar el seguimiento de la ejecución de los convenios y el control de su cumplimiento.
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