La Fiscalía retira la petición de cárcel para el exalcalde de Otura
El Ministerio Público solicita ahora 15 años de inhabilitación para Ignacio Fernández-Sanz por la gestión del contrato de basuras
La Fiscalía ha retirado su petición inicial de cinco años de prisión para el exalcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz, por los presuntos delitos de fraude en la contratación y malversación de caudales públicos relacionados con la gestión del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria del municipio.
No obstante, el Ministerio Público mantiene la acusación por un delito continuado de prevaricación, por el que solicita una condena de 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público, según ha trascendido durante la última sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Granada.
Fernández-Sanz ha comparecido junto a otros cuatro exconcejales del Ayuntamiento de Otura por la adjudicación y posterior rescisión del contrato de basuras, un servicio que fue aprobado en 2008 pese a contar con informes desfavorables de los técnicos municipales y que dos años después fue rescatado por el consistorio.
Durante su declaración ante el tribunal, el exregidor defendió que la adjudicación del contrato pretendía dar respuesta a un problema histórico de limpieza en el municipio. Sin embargo, aseguró que la complicada situación económica del Ayuntamiento impidió afrontar los pagos comprometidos con la empresa concesionaria, generándose una deuda cercana a los 2,5 millones de euros.
Según explicó, la acumulación de impagos provocó que la empresa dejara de abonar los salarios a los trabajadores, desembocando en una huelga indefinida que provocó la acumulación de residuos en las calles de la localidad. Ante esta situación, negoció con la concesionaria la rescisión del contrato y un plan para afrontar la deuda durante un periodo de cinco años.
Fernández-Sanz reconoció que la rescisión fue aprobada en un pleno extraordinario convocado con carácter urgente en 2010 sin contar previamente con informes de Secretaría ni de Intervención. Según argumentó, la prioridad era resolver una situación que calificó de “crisis” y de “emergencia sanitaria”.
Asimismo, señaló que las relaciones con el secretario municipal eran complicadas en aquel momento y que dudaba de que los informes pudieran emitirse a tiempo. “Fue por una causa mayor”, sostuvo durante su comparecencia.
El exalcalde negó igualmente que existiera cualquier beneficio para la empresa adjudicataria derivado de la rescisión del contrato, recordando que el Ayuntamiento conservó los más de 250 contenedores adquiridos por la concesionaria y que las cantidades adeudadas fueron abonadas posteriormente a través del plan estatal de pago a proveedores.
La causa también analiza la adjudicación inicial del servicio, aprobada en 2008 pese a los informes contrarios emitidos por dos secretarios y dos interventores municipales. Estos documentos advertían de la falta de consignación presupuestaria suficiente y de la inexistencia de un estudio económico que justificara el coste de la prestación.
Frente a estas acusaciones, Fernández-Sanz defendió que tanto los pliegos como las valoraciones técnicas fueron elaborados por los servicios municipales y aseguró que el contrato incluía una cláusula que condicionaba su entrada en vigor a la aprobación de los presupuestos municipales. También sostuvo que la normativa vigente en aquella época no exigía la elaboración de un estudio económico en los términos actuales.
En sus conclusiones finales, la Fiscalía ha mantenido únicamente el delito de prevaricación tanto para el exalcalde como para los otros cuatro exediles procesados. Para estos últimos solicita penas de inhabilitación que oscilan entre los nueve y los doce años.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Otura, mantiene la petición inicial de cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para todos los acusados por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación.
Las defensas han solicitado la libre absolución al considerar que no existieron resoluciones arbitrarias ni perjuicio económico para las arcas municipales y sostienen además que cualquier posible delito de prevaricación habría prescrito. Concluidas las sesiones, el procedimiento ha quedado visto para sentencia.
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La Fiscalía solicita cinco años de prisión para Ignacio Fernández-Sanz y otros cuatro exconcejales por presuntos delitos de fraude, malversación y prevaricación
