La Junta desactiva la fase de emergencia del Plan Sísmico de Granada tras más de un mes
La serie iniciada en agosto muestra un "amortiguamiento generalizado", aunque los expertos mantienen la vigilancia ante una actividad que acumula más de 1.500 terremotos
La Junta de Andalucía ha desactivado este martes la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Granada, que pasa a fase de preemergencia, situación operativa 0, ante la evolución favorable de la serie sísmica iniciada el pasado 14 de agosto en la Vega de Granada.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado que la decisión se ha adoptado después de analizar los últimos informes científicos y operativos. Los datos reflejan un "amortiguamiento generalizado" de la serie, con una disminución exponencial de la energía liberada diariamente desde el 20 de agosto y un descenso más acusado durante la última semana.
"Damos un paso más hacia la normalidad, pero seguimos vigilantes. Bajar el nivel del plan no significa bajar la guardia. La serie no puede darse por agotada y vamos a mantener el seguimiento científico y operativo. Seguimos guiándonos por la prudencia, tal y como hemos hecho durante toda esta emergencia", ha señalado Sanz.
Los análisis del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada y del Grupo de Asesoramiento en Emergencias y Desastres (GADE-CSIC) no muestran un rejuvenecimiento de la serie. Los especialistas advierten, sin embargo, de que permanece una sismicidad de fondo asociada a la actividad de varias fallas, por lo que continuarán realizándose análisis científicos semanales.
La situación operativa 0 permitirá mantener la vigilancia y el intercambio de información entre los organismos implicados, aunque dejan de ser necesarias las medidas extraordinarias propias de la fase de emergencia. Continúa también activa la fase de recuperación, declarada el pasado 8 de septiembre.
Más de 1.500 terremotos desde agosto
La serie acumula ya más de 1.500 terremotos, la mayoría de magnitud inferior a 2. Más de un millar se sitúan por debajo de ese nivel, 118 han superado la magnitud 2, once han registrado magnitudes comprendidas entre 3 y 4 y cuatro han alcanzado o superado la magnitud 4.
Los dos principales terremotos se produjeron los días 15 y 18 de agosto, ambos con una magnitud de 4,8. La actividad se ha sentido en 48 municipios pertenecientes a ocho comarcas granadinas, mientras que los daños confirmados se concentran en 28 localidades.
El Plan Sísmico fue activado a las 02:10 horas del 15 de agosto en fase de emergencia, situación operativa 1. Durante este periodo, 31 municipios pusieron en marcha sus planes territoriales de emergencia local y se celebraron dos comités asesores extraordinarios.
Más de 8.300 llamadas al 112 y 4.481 emergencias
Desde la primera alerta, registrada a las 01:05 horas del 15 de agosto, hasta las 08:30 horas del 14 de septiembre, el 112 Andalucía recibió 8.310 comunicaciones relacionadas con la situación en la provincia y gestionó 4.481 emergencias.
De estas incidencias, 2.933 estuvieron relacionadas con riesgos naturales y otras 1.424 con derrumbamientos o caídas de elementos constructivos. También se gestionaron rescates, asistencias sanitarias, anomalías en servicios básicos e incidencias relacionadas con el tráfico y la seguridad ciudadana.
El teléfono específico de atención psicológica habilitado por la Junta recibió 569 llamadas. Los servicios sanitarios atendieron además a 14 personas por heridas leves, episodios de ansiedad, mareos y desvanecimientos. No se produjeron fallecidos ni heridos graves directamente como consecuencia de los terremotos, aunque sí falleció un trabajador durante las labores de reparación de los daños.
418 personas todavía no pueden regresar a sus viviendas
Los equipos técnicos han realizado 1.188 inspecciones de edificios, de los que 810 fueron clasificados en nivel verde, 314 en amarillo y 64 en rojo. Ningún inmueble recibió clasificación negra.
Las evaluaciones permitieron determinar desalojos, realojos, perímetros de seguridad, restricciones de uso y actuaciones urgentes. Cerca de 700 personas tuvieron que abandonar preventivamente sus viviendas y 418 todavía no han podido regresar a sus hogares, a la espera de que las reparaciones permitan hacerlo con seguridad. Actualmente, 32 personas continúan necesitando alojamiento de emergencia.
En las inspecciones ha participado especialmente el Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias (GAVE), junto al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y el GADE.
46,2 millones para afrontar los daños
La Junta cifra en 46,2 millones de euros los recursos movilizados para atender los daños en viviendas, centros sanitarios y educativos, servicios sociales, infraestructuras judiciales, patrimonio y equipamientos municipales.
Dentro de estas medidas, la declaración de situación excepcional habilita siete millones de euros para reparar infraestructuras e instalaciones públicas de titularidad local y otros ocho millones para actuaciones de seguridad y reparación en viviendas y comunidades de propietarios. Estas últimas ayudas podrán alcanzar hasta el 40% del coste de las intervenciones.
La Junta solicitó además al Gobierno de España el pasado 31 de agosto la declaración de los municipios afectados como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
Antonio Sanz ha agradecido la actuación de ayuntamientos, Diputación, servicios de emergencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales sanitarios, bomberos, Protección Civil y equipos técnicos y científicos, así como el comportamiento de la ciudadanía durante la emergencia.
La Agencia de Emergencias de Andalucía mantendrá las actuaciones de información y autoprotección y reforzará la formación en los centros educativos. "Los terremotos no se pueden predecir, pero sí podemos aprender a protegernos. Debemos seguir trabajando en autoprotección y recordar siempre una pauta sencilla que puede salvar vidas: agáchate, cúbrete y agárrate", ha concluido Sanz.
La medida abre la puerta a ayudas por daños en viviendas y negocios, beneficios fiscales y financiación de hasta el 50% para reparar infraestructuras municipales
