La red eléctrica de Granada sufre cortes frecuentes por sobrecarga derivada del cultivo ilegal de marihuana
Estas incidencias se generan por la actuación de las protecciones de los centros de transformación (fusibles) que entran en funcionamiento cuando detectan una sobrecarga
La red de distribución eléctrica en la ciudad de Granada, especialmente en el Distrito Norte, está sometida a una sobrecarga excesiva causada en gran parte por un fraude masivo vinculado al cultivo ilegal de marihuana. Esta situación genera frecuentes cortes de suministro que afectan a numerosos vecinos y pone en riesgo la infraestructura energética.
Según explicó Endesa, de los 1.125 centros de transformación existentes en la capital, 80 se encuentran en el Distrito Norte, y solo 18 son responsables del 97% de las incidencias debido a las sobrecargas. Estas sobrecargas activan los fusibles de los centros, que se funden para evitar daños mayores como incendios, provocando interrupciones en el suministro eléctrico de quienes están conectados a esas líneas.
Los enganches ilegales vulneran todos los sistemas de protección intermedios —cuadro eléctrico de la vivienda, contador de telegestión y la caja general de protección— dejando como última barrera los fusibles de los centros de transformación.
La reposición de estos fusibles es compleja, pues requiere que el transformador baje su temperatura para que técnicos especializados puedan manipular la red, lo que puede llevar una media de dos horas para restablecer el suministro.
Endesa ha invertido alrededor de once millones de euros en los últimos cuatro años para renovar y ampliar la red eléctrica en la zona norte de Granada, incluyendo la ampliación de la potencia de la subestación Pulianas en un 57% y la instalación de 19 nuevos transformadores. En zonas con mayores incidencias, como Cartuja, La Paz o Bermúdez de Pedraza, la capacidad de las instalaciones se ha incrementado hasta en un 500%, pero la saturación persiste debido al crecimiento exponencial de la demanda ilegal.
La compañía eléctrica trabaja en coordinación con diversas instituciones, como el Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno, la Fiscalía y entidades sociales, en un esfuerzo conjunto para abordar esta problemática que va más allá del ámbito técnico y requiere soluciones integrales.
Este fenómeno demuestra la complejidad del problema, donde el fraude energético derivado del cultivo ilícito no solo impacta en la calidad del suministro a los ciudadanos, sino que también pone en peligro la seguridad de la infraestructura eléctrica de la ciudad.
