Los Sindicatos de la Enseñanza Pública exigen en Granada la reducción de ratios y protestan por la pérdida de unidades
Quieren denunciar la eliminación, en los últimos años, de más de un millar de unidades en los centros docentes públicos
Los Sindicatos de la Enseñanza Pública representados en la Mesa Sectorial, entre ellos UGT-Servicios Públicos de Granada, han celebrado este 23 de marzo, una concentración, ante la Delegación Territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada, como medida de rechazo al cierre de unidades en centros públicos, en demanda de una disminución de las ratios en las aulas, y para expresar su compromiso firme por una educación pública de calidad.
Los Sindicatos convocantes quieren denunciar la eliminación, en los últimos años, de más de un millar de unidades en los centros docentes públicos de toda Andalucía, 202 de ellas en la provincia de Granada (110 durante el curso escolar 2020/2021 y 92 en el presente). Supresiones que una vez se producen, tristemente se consolidan, siendo muy pocas las unidades que vuelven a recuperarse. Cierres de aulas públicas con nefastas consecuencias sociales, en tanto en cuanto la enseñanza pública es la que atiende a los sectores más necesitados.
Estas supresiones afectan progresivamente a los cursos superiores dentro de un mismo centro, conduciendo a situaciones de deterioro de las condiciones laborales del profesorado al que representamos, sometido a desplazamientos por insuficiencia de horario o supresiones de sus plazas, así como a menores perspectivas de empleo en el caso del personal integrante de las bolsas de interinos. Un ataque, en suma, a la integridad de nuestro sistema educativo público.
Frente a esto, los Sindicatos exigen una reducción de las ratios como medida imprescindible para evitar la desaparición de unidades públicas y fomentar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en especial en lo que concierne a la atención a la diversidad.
Con estas movilizaciones, los Sindicatos asumen la responsabilidad, como legítimos representantes del profesorado de la educación pública, de defender sus intereses, de forma que no se pierda ni una sola unidad más en la escuela pública en nuestra comunidad autónoma ni en nuestra provincia.
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