Por Andalucía denuncia el “desmantelamiento” de la salud mental pública y reclama más inversión
La coalición propone destinarle el 10% del presupuesto sanitario y reforzar la red pública ante el aumento de suicidios y listas de espera
La coalición Por Andalucía ha denunciado la situación de “emergencia social y sanitaria” que, a su juicio, atraviesa la provincia de Granada en materia de salud mental, y ha acusado al Gobierno andaluz del Partido Popular de impulsar políticas de privatización y “desmantelamiento” de los servicios públicos.
La formación sostiene que la Junta de Andalucía está “asfixiando” fundaciones públicas esenciales y obligando a muchas familias a recurrir a la sanidad privada, donde una sesión psicológica puede alcanzar los 70 euros.
Según los datos aportados por la coalición, Andalucía registró 815 muertes por suicidio en 2024, un 5,96% más que el año anterior, mientras que Granada mantiene la tasa provincial más elevada de la comunidad. Además, señalan que el 42,08% de la población andaluza ha sufrido algún trastorno mental diagnosticable y que más de 19.000 personas permanecían en listas de espera de Salud Mental en junio de 2024.
La candidata número dos de Por Andalucía por Granada, Lidia Milena, ha asegurado que la coalición defenderá medidas estructurales para revertir esta situación.
“Moreno Bonilla solo quiere que vayan al psicólogo quienes puedan pagárselo”, ha afirmado Milena, que ha reivindicado el fortalecimiento de la red pública y la necesidad de garantizar el acceso universal a la atención psicológica.
Entre las propuestas anunciadas por la coalición figura la elaboración de un Plan Integral de Salud Mental Pública y Comunitaria que contemple destinar al menos el 10% del presupuesto sanitario a este ámbito, así como la contratación de profesionales para acercar las ratios andaluzas a la media europea.
Asimismo, Por Andalucía plantea incorporar psicólogos y psicólogas en Atención Primaria, hospitales, servicios sociales y centros educativos, además de impulsar programas específicos de prevención del suicidio, trastornos de conducta alimentaria y ludopatía.
La formación también reclama un refuerzo presupuestario y laboral de la red pública de FAISEM para garantizar la integración social de las personas con problemas de salud mental y aliviar la carga de cuidados que asumen actualmente muchas familias y profesionales.
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