Un juzgado investiga al exalcalde de Maracena por presunta prevaricación y malversación
La denuncia del Ayuntamiento señala el uso de fondos públicos para informes sobre opositores y contrataciones sin procedimiento legal
El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha acordado la apertura de diligencias previas tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Maracena contra quien fuera alcalde del municipio entre junio de 2023 y abril de 2024, Julio Pérez, por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Según recoge el expediente, el entonces regidor habría ordenado la contratación de una empresa especializada para elaborar informes económicos y patrimoniales sobre distintas personas y entidades, entre ellas miembros de la oposición municipal, particulares sin relación con expedientes administrativos e incluso empresas vinculadas a integrantes de su propio partido.
Los informes técnicos incorporados a la causa apuntan a que estas actuaciones se realizaron sin procedimiento administrativo, sin expediente que justificara su necesidad y sin registro oficial que acreditara una finalidad pública. Además, los servicios municipales habrían confirmado que ninguna de las áreas solicitó ni recibió dichos informes.
El portavoz del PSOE en el equipo de Gobierno, Antonio García Leiva, ha calificado los hechos como “especialmente graves”, al considerar que reflejan un uso de recursos públicos para recabar información sobre adversarios políticos. Asimismo, ha recordado que el exalcalde “admitió en pleno” que realizaba estas actuaciones, alegando que formaban parte de sus obligaciones.
La denuncia también cuestiona la contratación directa de una letrada externa para representar al Ayuntamiento en procedimientos judiciales contra la oposición. Según la documentación, el encargo se habría formalizado sin seguir los procedimientos legales, mediante una hoja firmada por el propio alcalde por un importe inicial de 10.000 euros más IVA y sin el dictamen jurídico previo exigido.
En este procedimiento, el juzgado llegó a advertir de la falta de autorización del pleno municipal para ejercer acciones penales, un requisito necesario para la personación del Ayuntamiento.
A juicio de los servicios jurídicos municipales, los hechos podrían encajar en delitos de prevaricación, por la adopción de resoluciones presuntamente arbitrarias, y de malversación, por el posible uso de fondos públicos con fines ajenos al interés general.
Desde el Ayuntamiento de Maracena han señalado que la denuncia responde a la obligación de defender la legalidad, proteger los recursos públicos y esclarecer los hechos, al tiempo que han insistido en la gravedad de unas actuaciones que consideran incompatibles con los principios de neutralidad institucional y buena administración.
El caso se encuentra ahora en fase de instrucción, con la práctica de diligencias y declaraciones para determinar las posibles responsabilidades.
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