A juicio este miércoles el caso de la mujer abrasada en el 'escape room' de Cájar
Fiscalía y acusación particular piden dos millones de euros de indemnización para la víctima
El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada celebra este miércoles el juicio contra tres hombres vinculados a una ‘escape room’ de Cájar en la que una mujer de 42 años resultó gravemente herida tras ser rociada con un líquido que contenía gasolina y al que presuntamente prendieron fuego durante la actividad.
Los hechos se remontan al 27 de junio de 2022, cuando la víctima participaba junto a otras cinco personas en una experiencia catalogada como “hardcore” en una vivienda conocida como ‘Villa Amparo’. Durante el desarrollo del juego, según recoge el escrito de acusación, varios participantes fueron sometidos a distintas pruebas de tensión, en un entorno sin medidas de seguridad adecuadas.
En una de las escenas, dos actores —también investigados— inmovilizaron a la mujer, la ataron y le colocaron una soga al cuello. Posteriormente, uno de ellos le vertió un líquido que, según la víctima, desprendía un fuerte olor a gasolina. A pesar de sus advertencias, uno de los acusados encendió un mechero y, tras varios intentos fallidos de apagar la llama, el fuego llegó a prender, provocándole graves quemaduras.
La mujer tuvo que ser trasladada e ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde permaneció en estado grave. Como consecuencia del suceso, la ‘escape room’ suspendió su actividad.
El juicio llega tras no alcanzarse un acuerdo entre las partes en la vista previa. La Fiscalía solicita para los tres acusados dos años de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave, además de una indemnización conjunta cercana a los dos millones de euros por las secuelas físicas y psicológicas sufridas por la víctima.
El escrito de acusación subraya la ausencia de medidas de seguridad en la actividad, que se desarrollaba sin licencia ni autorización municipal. Asimismo, señala la falta de formación de los trabajadores, la inexistencia de salidas de emergencia adecuadas y el uso de extintores no aptos para incendios con combustibles.
Por su parte, la acusación particular eleva la petición de pena a tres años de prisión y fija la indemnización en 1,9 millones de euros, de los que ya se habrían abonado 300.000 euros por parte de la aseguradora..
El caso pone el foco en la regulación y seguridad de este tipo de actividades recreativas, tras un suceso que dejó a la víctima con graves secuelas y evidenció importantes deficiencias en la organización del juego.
La Fiscalía sostiene que manipularon el sistema informático del establecimiento para quedarse con parte de los cobros de los clientes durante 2020
