El CGPJ ampara a la jueza del caso Juana Rivas y rechaza las campañas de presión contra su labor judicial
El órgano de gobierno de los jueces considera que las críticas difundidas por el abogado de Juana Rivas perturbaron la independencia judicial de la magistrada Aurora Angulo
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles conceder el amparo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la magistrada Aurora María Angulo González de Lara, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, por las críticas recibidas tras sus resoluciones judiciales relacionadas con el caso de Juana Rivas.
El acuerdo, aprobado por mayoría, incluye además una medida de “restauración de la independencia judicial perturbada” mediante la difusión institucional del propio acuerdo. En este sentido, el CGPJ subraya expresamente que “la crítica a las resoluciones judiciales no ampara campañas nominativas de descrédito profesional o de presión extraprocesal sobre la jueza competente”.
El órgano de gobierno de los jueces considera que las manifestaciones recogidas en una nota de prensa difundida el 13 de enero de 2025 por el abogado de Juana Rivas “resultan objetivamente perturbadoras de la independencia judicial”, especialmente por la repercusión que alcanzaron tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
En concreto, el CGPJ destaca que el comunicado comenzaba con la frase “Quédense con este nombre: Aurora Angulo” y acusaba a la magistrada de haber “archivado en un cajón” una denuncia presentada por su representada.
Asimismo, el escrito afirmaba que “es un hecho gravísimo que una magistrada especializada en violencia de género no comprenda lo que es la violencia vicaria, que consiste en dañar o controlar a los hijos para hacer sufrir a la madre”.
No obstante, el acuerdo del Pleno ha excluido las referencias a las declaraciones públicas realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego, respectivamente. El CGPJ entiende que ambas intervenciones se produjeron “en un tono respetuoso con la función judicial” y dentro del ámbito propio de su actuación política.
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