El hijo mayor de Juana Rivas solicita evitar la entrega de su hermano menor al padre

El hijo mayor de Juana Rivas, de 19 años y residente en España, ha enviado una carta dirigida a "cualquier autoridad competente de España" para solicitar que se impida la entrega de su hermano menor, de 11 años, a su padre, el italiano Francesco Arcuri. Esta entrega está prevista para este viernes en cumplimiento de una resolución judicial italiana que otorga la custodia al padre.

En la misiva, el joven recuerda el verano de 2017, cuando él y su hermano fueron entregados a Arcuri tras un mes que su madre pasó en paradero desconocido con los menores, hechos por los que Juana Rivas fue condenada inicialmente a cinco años de prisión, pena que posteriormente fue reducida a año y tres meses tras una conmutación y un indulto parcial.

El hijo mayor lamenta en su escrito que entonces no se defendieran sus derechos ni se les escuchara correctamente, lo que, según señala, dio lugar a "cinco años de abuso y maltrato" hasta que cumplió 16 años. Desde que alcanzó la mayoría de edad, afirma que está luchando en los tribunales para proteger a su hermano menor, mientras espera que se haga justicia en el proceso italiano contra su padre, que tiene fijada una vista para septiembre por supuestos malos tratos continuados.

En relación a la entrega prevista para este viernes, el joven pide expresamente que "no permitan que lo seden y entreguen" como sucedió con él en 2017, apelando al interés superior del menor y su protección ante el riesgo que supone volver con su progenitor.

Por su parte, el equipo jurídico de Francesco Arcuri ha respondido con un documento en el que revisan los antecedentes judiciales y atribuyen gran parte de la responsabilidad a la madre, señalando que su estrategia busca más una victoria judicial que el bienestar de los niños. Defienden la custodia exclusiva del padre con base en documentos judiciales italianos y critican que el hijo mayor haya influido en las declaraciones del hermano menor sobre supuestos malos tratos.

El caso sigue generando un intenso debate legal y social, en el que las autoridades judiciales españolas deberán decidir cómo ejecutar la resolución italiana, respetando la protección del menor y su derecho a ser escuchado.