Rivas pide que "acabe este circo" tras declarar por sustracción de menores
Fue indultada en 2021 por el Gobierno a condición de que no cometiera el mismo delito en cuatro años
Juana Rivas ha declarado este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada como investigada, de nuevo, por presunta sustracción de menores después de que en 2018 fuera condenada por este mismo delito y posteriormente indultada por el Gobierno.
A su salida del edificio judicial de la Caleta, tras declarar durante unos 40 minutos ante la magistrada que instruye el caso, Juana Rivas ha confesando ante los medios que tanto ella como su entorno están "rotos" por todo este proceso que casi una década después la devuelve a la "casilla de salida", según lamentan desde su equipo jurídico.
Ante la nube de periodistas que la esperaba tras su declaración --en la que solo ha contestado a la preguntas de su letrado-- Juana Rivas, visiblemente emocionada, ha pedido "ayuda para acabar con este circo".
"Yo no tengo otra que participar, luchar siempre", ha añadido, argumentando que lo que convierte este caso en un circo es que "no nos apoyen, no nos den la razón y nos dejen descansar finalmente". "Pero no me voy a rendir por mi hijo Daniel", ha garantizado acto seguido.
Esta nueva causa surge a raíz de la denuncia interpuesta por su expareja, el italiano Francesco Arcuri, después de que el hijo pequeño que tienen en común, de 11 años, no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las vacaciones de Navidad con la madre en Maracena (Granada).
El 7 de enero, un día antes de la fecha fijada por la Corte de Apelación de Cagliari para el regreso del menor, el equipo jurídico de Rivas pidió medidas cautelares para evitar que lo hiciera alegando que estaba en "grave riesgo" en tanto que el padre --que tiene la custodia-- está procesado en Italia por presuntamente maltratarle, en una causa independiente que sigue su curso en el país alpino.
El letrado Carlos Aránguez ha explicado a los medios que en la vista de este jueves se han centrado en trasladar al juzgado las "múltiples pruebas que existen" de presuntos malos tratos. "Fotografías, partes médicos" y "múltiples audios" que evidenciarían que "no hay una sustracción de menores" ni se ha actuado para "perjudicar los derechos de padre" sino que todo ha ido enfocado a "proteger a un niño de once años".
Ha lamentado así que "Juana y Daniel todavía están atrapados en un laberinto jurídico que dura ya casi una década, desde que no se tramitara su denuncia --por presunto maltrato-- de 12 de junio de 2016", por lo que "es hora de que la justicia actúe" y "salve a Daniel".
Los letrados subrayan que, a diferencia de la primera vez, ahora Arcuri está "sentado en un banquillo acusado por el fiscal de maltratar a sus hijos". El pequeño, Daniel "solamente ha sido escuchado una vez en España por una única jueza, que decidió otorgarle su protección" y lamentan que "la ausencia de coordinación entre el Procedimiento Civil y Penal en Italia haya permitido una situación excepcional: que Daniel, con 11 años, sea el principal testigo/víctima del procedimiento por malos tratos impulsado por la Fiscalía Italiana contra su padre, pero que tenga que acudir al juicio de su mano y viviendo en su casa".
Una decisión que ya han recurrido ante el Tribunal Supremo italiano, que en 2024 les "dio la razón", pero el Tribunal de Cagliari volvió a tomar una decisión contraria a ese criterio.
"EL NIÑO ESTÁ MAGNÍFICO"
El letrado de Francesco Arcuri en España, Enrique Zambrano, ha insistido en que el Juzgado de Instrucción 4 de Granada únicamente investiga en esta causa si se produjo un delito de sustracción de menores y por qué Juana Rivas no entregó a su hijo al padre hasta el 25 de julio.
Ha insistido en que hubo una resolución de la justicia italiana reclamando la vuelta del menor y "ellos mismos reconocen que la han incumplido". Por ello, ha confiado en que la instrucción finalice en un breve plazo de tiempo y Juana Rivas sea procesada también con agilidad en esta nueva causa.
A preguntas de los periodistas sobre el estado del pequeño Daniel, el letrado ha incidido en que "el niño está magnífico" viviendo con su padre en Cagliari.
La declaración de Juana Rivas como investigada se ha producido con la asistencia del ministerio fiscal, la acusación particular y la defensa.
Tras responder a las cuestiones formuladas, Juana Rivas hizo uso de su derecho a la última palabra. Ninguna de las partes solicitó la adopción de medidas cautelares en su contra por lo que pudo abandonar el edificio judicial.
Ahora las partes pueden solicitar nuevas diligencias ante el Juzgado. La defensa de la madre de Maracena ha avanzado que pedirá el archivo de la causa este mismo viernes, un asunto sobre el que deberán pronunciarse el resto de las partes implicadas en el proceso.
LA JUEZA RECHAZA QUE SE DIFUNDA LA DECLARACIÓN
Por otra parte, la magistrada instructora rechazó el miércoles la petición realizada por la defensa de Juana Rivas para que tres medios de comunicación pudieran asistir a la declaración con el fin de difundir la grabación de la misma entre el resto de medios.
La negativa se sostiene en que se trata de un trámite en fase de instrucción y no de una vista pública, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Además, con el fin de proteger la buena marcha de la instrucción judicial, el Juzgado acordó no entregar a las partes copias de las grabaciones audiovisuales tanto de la declaración de la denunciada como de la que llevó a cabo anteriormente el denunciante por videoconferencia. Las grabaciones sí podrán ser consultadas por las partes en la sede del Juzgado cuantas veces lo estimen necesario. En este sentido, insistió este jueves nuevamente a las partes en la prohibición de difundir o distribuir imágenes o sonidos de las sesiones.
EL MISMO DELITO
Juana Rivas ya fue condenada por sustracción de menores a raíz de que en 2016 sacara a sus dos hijos de Italia sin consentimiento del padre alegando que huía de una situación de maltrato. Más tarde, en verano de 2017, permaneció un mes en paradero desconocido con ellos para "protegerlos".
El Tribunal Supremo rebajó de cinco a dos años y medio de prisión la pena que le fue impuesta y el Gobierno le concedió el indulto parcial en 2021, a condición de que no cometiera el mismo delito en el plazo de cuatro años. Ello, desde la publicación del real decreto en el BOE, que es del 17 de noviembre de 2021, por lo que una hipotética condena podría afectar a la medida de gracia.
Concretamente en la resolución, consultada por Europa Press, el Gobierno conmutó a Juana Rivas la pena impuesta por el Tribunal Supremo por otra de un año y tres meses de prisión. Por su parte, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad respecto de sus hijos fue sustituida por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
Sus abogados lamentan que casi una década después vuelva "a la casilla de salida"
La madre fue citada como investigada tras denuncia de su expareja por no devolver al niño a Italia, pese a sentencia italiana que fijaba su regreso en enero
