El Tribunal Constitucional inadmite el recurso de Juana Rivas contra la entrega de su hijo

La decisión, tomada por unanimidad por la Sección Segunda del TC —compuesta por los magistrados José María Macías (ponente), Ricardo Enríquez y Juan Carlos Campo— se adoptó este mismo martes en una reunión convocada de urgencia. En su resolución, el Constitucional argumenta que el recurso es prematuro, al no haber finalizado aún la vía judicial ordinaria, y que carece de especial trascendencia constitucional, requisitos indispensables para su admisión.

Juana Rivas, representada por Aránguez Abogados, había solicitado una medida cautelarísima para impedir la entrega del menor. Sin embargo, la desestimación del recurso de amparo supone también el rechazo de esa medida urgente, lo que dejó vía libre para que la entrega se produjera entre las 10:00 y las 11:00 horas de este martes, en un punto de encuentro familiar en Granada.

Argumentos jurídicos

El TC señala que la resolución impugnada no es firme, ya que ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Granada, y dicho recurso está pendiente de resolución. El lunes, la Audiencia rechazó la suspensión cautelar solicitada por Rivas, lo que aceleró la intervención del Tribunal Constitucional.

Además, el auto destaca que el recurso no presenta un interés constitucional suficiente, ya que las cuestiones planteadas corresponden a la legalidad ordinaria y existen precedentes doctrinales del propio TC sobre las materias invocadas. A estos argumentos se suma otro defecto formal: la falta de acreditación del poder de representación del procurador, que, aunque subsanable, no fue considerado relevante dada la concurrencia de los otros requisitos insubsanables.

Confianza jurídica entre Estados de la UE

En paralelo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Granada fundamentaron su negativa a suspender la entrega en la doctrina del principio de confianza mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea. En su auto, señalan que en los procedimientos de familia prevalece la ejecutividad inmediata de las resoluciones judiciales, sin necesidad de ejecución provisional ni posibilidad de suspensión, conforme a la normativa europea.

Respecto al argumento de que el retorno del menor a Italia pueda suponer una situación de desprotección, dadas las denuncias por presuntos malos tratos contra el padre —investigado actualmente en Italia— los jueces indicaron que esta preocupación no puede justificar la inaplicación de las normas comunitarias, salvo que existiera una vulneración clara del orden público europeo, cosa que no se acredita en este caso.

"Aunque hipotéticamente existieran diferencias en los estándares de protección entre sistemas jurídicos, ello no exime del cumplimiento de las normas imperativas del Derecho de la Unión Europea", señala el auto.

Los magistrados remarcan que el caso se refiere a un proceso judicial en el que ha intervenido un tribunal de un país miembro de la UE y que la existencia de una causa penal en Italia no constituye motivo suficiente para suspender una entrega validada por decisión jurisdiccional extranjera.

La decisión, clave para la ejecución de la entrega

La resolución del TC marca un punto decisivo en el procedimiento, al eliminar la última vía legal en España para impedir el traslado del menor a Italia, donde Arcuri ostenta legalmente la custodia. La entrega del niño, que ha estado en España con su madre desde finales del pasado año tras denunciar agresiones, se ha producido conforme al calendario judicial establecido.

Este nuevo capítulo reaviva el caso iniciado en 2017, cuando Juana Rivas fue condenada por sustracción de menores tras permanecer en paradero desconocido junto a sus dos hijos, incumpliendo una resolución judicial que ordenaba su entrega al padre.