Este miércoles será juzgado un acusado de estafar a un primo fingiendo que iba a abrir un restaurante
La Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión y 3.000 euros de multa
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene señalado para este miércoles, 19 de abril, el juicio por un caso en el que la Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión y 3.000 euros de multa para un hombre acusado de estafar a su primo en la supuesta apertura conjunta de un restaurante en Málaga para lo cual buscó un local tras lo que habría solicitado a su familiar, fuera de España, "el envío de dinero para iniciar los trámites" para su adquisición y "su acondicionamiento para el negocio de hostelería proyectado".
En el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que este primo, "en esa creencia y ante el requerimiento de efectivo por parte del acusado", habría realizado diversas transferencias a su favor. Así, el 30 de septiembre de 2017, una primera por 59.000 euros.
Le siguieron, otra, el 2 de febrero de 2018, por 10.000 euros; una de 1.100 euros el 28 de marzo de ese mismo año; y una cuarta de 430, el 27 de mayo, detalla el fiscal. En este contexto, el procesado, supuestamente "para evitar posteriores reclamaciones del perjudicado, le solicitó que en las transferencias constara como concepto en la primera adquisición de viviendas".
En las posteriores le habría pedido a su primo que hiciera constar "mantenimiento familiar" con "la excusa de evitar rigorismos formales de las autoridades españoles para la disponibilidad del efectivo". El acusado habría alquilado pero no adquirido el local.
"Sólo abonó las dos primeras mensualidades y la fianza, habiendo procedido el propietario a ejercer acciones en el orden jurisdiccional civil para el desahucio y reclamación de rentas debidas, habiendo incorporado a su patrimonio el efectivo transferido por su primo".
Argumenta que la valoración de las pruebas corresponde al jurado, pero la calificación de los hechos es del magistrado
La Fiscalía ha pedido penas de tres años de prisión, multas de 3.600 euros y seis años de pérdida de posibilidad de percibir subvenciones
