Fiscalía mantiene su petición de año y medio de prisión para el exalcalde de Zújar

Se le acusa de un presunto delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en la contratación con fondos públicos

Redacción  |  4 de diciembre de 2023
Sección Primera de la Audiencia de Granada (EUROPA PRESS)
Sección Primera de la Audiencia de Granada (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ha mantenido este lunes su petición de un año y medio de prisión y 14 años y medio de inhabilitación para al exalcalde de Zújar, Juan José Pérez (PSOE), y la que fue su primera teniente de alcalde, Rosario Moreno (PP), por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en la contratación con fondos públicos de un informe pericial que supuestamente sirvió para "intereses particulares", según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Los hechos se remontan al 2 de noviembre de 2018 cuando Juan José Pérez, según el relato fiscal, presuntamente adjudicó por decreto la realización de una pericial sobre mensajes e informaciones que a través de las redes sociales se estaban publicando sobre personal del Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones públicas y se acordó un pago por un importe de 3.410 euros.

 

Sin embargo, la Fiscalía cree que este informe no se refería a personal del Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones públicas, sino específicamente a la teniente de alcalde del Ayuntamiento, también acusada en esta causa. A juicio del fiscal, este documento "sirvió de base para la presentación de una querella por injurias y calumnias ante los juzgados de Instrucción de Baza, de tal modo que la realización del informe pericial (...) se realizaba en beneficio particular, no del Ayuntamiento de Zújar".

Ambos han defendido la legalidad de su actuación en este asunto durante el juicio que se ha celebrado contra ellos en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada y que ha quedado visto para sentencia. El Ayuntamiento de Zújar ejerce ahora la acusación particular en esta causa por la que pide que los dos políticos sean condenados a un año y medio de prisión y a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por malversación e infidelidad en la custodia de documentos.

 
 
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