Irene Montero exige al Gobierno proteger el interés superior del menor

La secretaria política de Podemos y eurodiputada Irene Montero ha reclamado al Gobierno que garantice el interés superior del menor y que impida la entrega a Italia del hijo de Juana Rivas, Daniel, de 11 años, previsto en cumplimiento de una resolución judicial. Montero ha abogado por la aplicación de la excepción del Convenio de la Haya para proteger al menor.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la exministra de Igualdad ha afirmado que "el Estado es responsable de lo que le pase a Daniel" y que es imprescindible que el niño sea escuchado por el sistema judicial y por las autoridades estatales. Según Montero, hasta ahora Daniel solo ha sido escuchado en una ocasión por el Juzgado de Guardia 4 de Granada, que tras esa declaración suspendió la entrega al padre.

Montero ha subrayado que Daniel es "el principal testigo en un juicio que su padre enfrentará en septiembre por presuntos malos tratos continuados". La eurodiputada ha expresado su preocupación por el riesgo grave que supondría para el menor regresar con su progenitor, y ha calificado de "muy difícil de entender" que la justicia española permita que Daniel conviva con el acusado contra quien debe testificar en el proceso italiano.

La dirigente política ha recordado que instrumentos internacionales como la Convención de Derechos del Niño, el Convenio de la Haya y la Ley de lucha contra la violencia infantil priorizan el interés superior del menor. Ha insistido en que el Estado debe garantizar la vida, salud física y psíquica de Daniel, rechazando la entrega si existe riesgo para su bienestar.

Además, Montero ha señalado que el propio niño ha manifestado tener miedo, habiendo denunciado amenazas de muerte y maltrato por parte de su padre, circunstancias que constituyen indicios suficientes para impedir la entrega.

Finalmente, Montero advirtió que si las autoridades españolas permiten la entrega del menor, el Estado sería "responsable de lo que le pase", recordando que España ha sido condenada anteriormente por Naciones Unidas y reconoció su responsabilidad en casos similares trágicos, en referencia al asesinato de tres menores en otro contexto.