Juzgan al exalcalde de Otura por presunto fraude y malversación en un contrato de limpieza
La Fiscalía pide cinco años de prisión por un supuesto perjuicio de más de 250.000 euros al Ayuntamiento en la gestión del servicio en 2007
La Audiencia de Granada celebra este miércoles y jueves el juicio contra el exalcalde de Otura Ignacio Fernández-Sanz (PP), acusado de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación en la tramitación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria y de dependencias municipales.
Según la Fiscalía, los hechos se remontan a finales de 2007 y habrían causado un perjuicio económico al Ayuntamiento superior a los 250.000 euros. Por ello, el Ministerio Público solicita para el exregidor una pena de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación absoluta.
Fernández-Sanz se sentará en el banquillo junto a otros seis procesados, entre ellos ediles del PP y del Grupo Independiente de Otura de aquella época, quienes se enfrentan a las mismas penas.
La acusación sostiene que los responsables municipales adoptaron acuerdos “de forma consciente y a sabiendas de su ilicitud”, disponiendo de fondos públicos “como si fueran propios”.
El expediente de contratación, con un precio de licitación de 1,6 millones de euros anuales, fue informado negativamente por la Intervención municipal debido a la falta de consignación presupuestaria y a la ausencia de un estudio económico que justificara el coste del servicio. La Secretaría también advirtió de la imposibilidad de iniciar el procedimiento hasta subsanar estas deficiencias.
Pese a estos reparos, el pleno municipal aprobó la contratación en enero de 2008 con los votos favorables de los concejales del PP y del Grupo Independiente, según la Fiscalía.
El contrato incluía la obligación del adjudicatario de aportar medios materiales —como vehículos y contenedores— que debían revertir al Ayuntamiento. Sin embargo, en noviembre de 2010, el entonces alcalde promovió la rescisión del contrato mediante un pleno extraordinario, supuestamente sin los informes preceptivos de Intervención, Secretaría ni servicios técnicos.
La Fiscalía sostiene que la resolución del contrato se llevó a cabo “sin procedimiento alguno” y con el objetivo de beneficiar al adjudicatario.
Además, se reconoce una deuda pendiente de más de 2,5 millones de euros, una indemnización de 800.000 euros por daños y perjuicios y la entrega de un camión en compensación, todo ello sin informes técnicos ni económicos que lo avalaran.
Asimismo, el exalcalde habría renunciado a posibles reclamaciones en favor del Ayuntamiento respecto a los bienes del contrato, lo que, según la acusación, agravó el perjuicio económico.
Tras varios aplazamientos, el juicio permitirá esclarecer unos hechos que la Fiscalía considera de especial gravedad en la gestión de fondos públicos municipales.
El juicio está previsto que se celebre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial
