La Audiencia de Granada juzgará la licencia del residencial ‘Ciudad de la Luz’ en una pieza del caso Nazarí
Fiscalía pide dos años de prisión para la exconcejal Isabel Nieto y otros tres ex altos cargos por presunta prevaricación urbanística
La pieza separada del caso Nazarí relacionada con la concesión presuntamente irregular de la licencia de primera ocupación del residencial ‘Ciudad de la Luz’, en Granada, será juzgada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. El complejo, ubicado en la calle Pedro Machuca, está compuesto por unas 300 viviendas.
El tribunal ha fijado una audiencia preliminar para el próximo 8 de mayo, a la que han sido citadas todas las partes implicadas, según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press. En este tipo de sesiones se suelen plantear posibles acuerdos de conformidad que eviten la celebración del juicio, aunque la existencia de varias acusaciones populares hace poco probable esta opción. También se abordarán cuestiones previas y la admisión de pruebas de cara a la vista oral.
Hace un año, la jueza abrió juicio oral contra la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada Isabel Nieto (PP) y otros tres ex altos cargos por la concesión de esta licencia en 2012. Según la Fiscalía, los acusados actuaron “de común acuerdo” y con el objetivo de beneficiar a un promotor, otorgando la licencia “con vulneración de la legalidad urbanística”.
El Ministerio Público solicita para cada uno de ellos dos años de prisión y nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación urbanística. Además, considera responsable civil al promotor J.J. Romero, a dos de sus sociedades y, de forma subsidiaria, al Ayuntamiento de Granada.
La fiscal del caso sostiene que la licencia se concedió alegando un interés público inexistente y pese a que las obras de urbanización no estaban finalizadas, además de haberse adoptado la decisión sin el preceptivo informe jurídico y en contra de criterios técnicos previos. También apunta a la falta de autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para el desvío del Barranco de San Jerónimo.
El escrito de la Fiscalía detalla que la urbanización se puso en servicio de forma parcial, limitada a las parcelas donde se ubican las viviendas y una estación de servicio, lo que ha generado una carencia de equipamientos y servicios. Esta situación ha provocado diversos problemas a los vecinos, como deficiencias en salubridad y la ausencia de servicios públicos básicos, debido a que el Ayuntamiento considera que la urbanización no ha sido recepcionada oficialmente.
En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el promotor y sus empresas asuman los costes de urbanización pendientes, valorados en 1,4 millones de euros, cantidad que podría cubrirse en parte con los fondos ya depositados en el Ayuntamiento, que respondería de forma subsidiaria.
Por otro lado, el Ministerio Público descarta pedir la nulidad de las licencias concedidas para evitar perjuicios a terceros, especialmente a los vecinos del residencial.
El caso ya estuvo a punto de llegar a juicio a finales de 2024, pero la Audiencia de Granada ordenó varias anulaciones que limitaron los hechos investigados a la ocupación parcial de la urbanización, dejando fuera otros posibles delitos como cohecho, malversación o tráfico de influencias.
La Audiencia de Granada será el órgano competente para enjuiciar este caso, en el que la Fiscalía pide penas de prisión
El asunto se investiga en la pieza separada del 'caso Nazarí'
