Abren juicio oral contra la exconcejal Isabel Nieto por el ‘caso Nazarí’
La jueza procesa a cinco acusados por presunta corrupción en el expediente del pabellón Mulhacén y fija una fianza de cinco millones
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha acordado la apertura de juicio oral contra la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, tres antiguos altos cargos municipales y un promotor inmobiliario en el marco del conocido como ‘caso Nazarí’.
La causa, que será juzgada en la Audiencia Provincial de Granada en una fecha aún por determinar, se centra en la pieza separada denominada ‘expediente Mulhacén’, vinculada a la concesión administrativa de una parcela en la zona de Torre de la Pólvora, en el barrio del Zaidín.
Según el auto judicial, los acusados se enfrentan a delitos continuados de prevaricación urbanística y común, fraude en la contratación y estafa cometida por autoridad y funcionarios públicos. La magistrada ha fijado además una fianza conjunta de cinco millones de euros para garantizar las posibles responsabilidades civiles derivadas del proceso.
La investigación gira en torno a la supuesta alteración fraudulenta de una concesión adjudicada en 2007 para la construcción de un pabellón deportivo con capacidad para 2.000 personas, así como otras instalaciones complementarias. La Fiscalía sostiene que los acusados modificaron de forma sustancial las condiciones del contrato en beneficio del promotor y en perjuicio del interés público.
En concreto, el Ministerio Público acusa a tres de los implicados —entre ellos Isabel Nieto— y solicita penas de entre dos y tres años de prisión, además de más de una década de inhabilitación para cargo público. Según su escrito, el proyecto ejecutado incumplió aspectos esenciales del pliego, como la construcción de pistas deportivas y plazas de aparcamiento, además de destinar parte del suelo a usos comerciales.
Fiscalía pide dos años de prisión para la exconcejal Isabel Nieto y otros tres ex altos cargos por presunta prevaricación urbanística
La Audiencia de Granada será el órgano competente para enjuiciar este caso, en el que la Fiscalía pide penas de prisión
