La Audiencia juzgará en enero a 17 presuntos miembros de una red internacional de marihuana

El juicio se celebrará del 19 de enero al 2 de febrero

Redacción  |  13 de diciembre de 2025
Edificio de la Fiscalía. Archivo. (FISCALÍA SUPERIOR DE ANDALUCÍA)
Edificio de la Fiscalía. Archivo. (FISCALÍA SUPERIOR DE ANDALUCÍA)

La Audiencia Provincial de Granada celebrará en enero de 2026 el juicio contra 17 presuntos miembros de una organización dedicada a la venta y distribución de marihuana a diversos lugares de Europa y a compradores de nacionalidad francesa, con base en la localidad de Dúrcal. Entre los investigados se encuentra el supuesto cabecilla de la banda, que se enfrenta a una petición fiscal de 18 años de prisión y multas de seis millones de euros. También será juzgada su esposa, que podría ingresar en prisión durante seis años, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

La mayoría de los integrantes de la banda son de nacionalidad española y ejercían distintos papeles: unos contactaban con proveedores y compradores, otros se encargaban de labores logísticas y de aprovisionamiento, y otros de vigilancia y transporte. La Guardia Civil desplegó una amplia operación contra la banda el 10 de octubre de 2017, realizando varios registros, entre ellos el de un cortijo en Dúrcal donde se hallaron casi 50 kilos de marihuana y más de 54.000 euros. Durante el registro, los agentes sorprendieron al presunto líder de la banda en plena operación de venta de marihuana. También se registraron domicilios en los que se encontraron más de 70.000 euros en marihuana.

 
Ayuntamiento de Granada

Anteriormente, la Guardia Civil había practicado otras aprehensiones de droga en la A-92 vinculadas a la organización. La Fiscalía sostiene que el matrimonio, considerado jefe de la organización, obtuvo ingentes beneficios y los intentó blanquear mediante la adquisición de fincas y explotaciones agrícolas. El fiscal acusa a los investigados de delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, solicitando penas de entre 18 y tres años y medio de prisión, además de multas millonarias. También pide la decomisión de cinco fincas, una explotación agrícola y ganadera en Órgiva, una cabaña equina en Dúrcal y varios vehículos en caso de condena.

 

 
 
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