La pieza del caso Nazarí sobre el residencial Ciudad de la Luz será juzgada por un juzgado de lo Penal
La Audiencia de Granada se declara no competente para enjuiciar la causa que sentará en el banquillo a la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto y otros tres ex altos cargos
La Audiencia de Granada ha acordado trasladar a un juzgado de lo Penal la pieza separada del conocido ‘caso Nazarí’ relacionada con la concesión presuntamente irregular de la licencia de primera ocupación del residencial Ciudad de la Luz, un complejo de 300 viviendas situado en la capital granadina.
La decisión se adoptó durante la audiencia preliminar celebrada a principios de mayo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, donde se puso de manifiesto que, atendiendo a las acusaciones formuladas y a las penas solicitadas por el delito de prevaricación urbanística, el procedimiento debe ser juzgado por la actual Sección Penal del Tribunal de Instancia de Granada.
La causa sentará en el banquillo a la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, junto a otros tres ex altos cargos municipales del área.
Hace aproximadamente un año, la jueza instructora del caso Nazarí acordó la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados por la concesión de la licencia de primera ocupación del residencial, que la Fiscalía considera otorgada de forma irregular para “beneficiar” al promotor y a sus empresas.
El Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados dos años de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación urbanística. Además, considera responsables civiles al promotor supuestamente beneficiado, J.J. Romero, a dos de sus sociedades y subsidiariamente al Ayuntamiento de Granada.
Según el escrito de acusación de la fiscal Sara Muñoz-Cobo García, los acusados actuaron “puestos de común acuerdo” y “con la finalidad de beneficiar al promotor”, concediendo en 2012 la licencia de primera ocupación del residencial promovido por la empresa Casería de San Jerónimo S.L. pese a que las obras de urbanización no estaban finalizadas.
La Fiscalía sostiene que la licencia se otorgó alegando “razones de interés público inexistentes”, contraviniendo informes técnicos previos y sin contar con el “preceptivo informe jurídico”. Además, apunta a la ausencia de autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir respecto al desvío del Barranco San Jerónimo.
En su escrito, la fiscal también pone el foco en las consecuencias que esta situación ha generado para los vecinos del residencial Ciudad de la Luz. Según expone, la urbanización quedó limitada a las manzanas donde se ubican las viviendas y una estación de servicio, sin completarse las dotaciones y equipamientos previstos.
Entre los problemas denunciados figuran deficiencias de salubridad, falta de limpieza viaria o ausencia de recogida de residuos, derivados, según recoge el escrito, de la interpretación municipal de que la urbanización nunca llegó a ser recepcionada oficialmente.
En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el promotor y sus mercantiles asuman los gastos pendientes de urbanización y reparación, tasados en 1,4 millones de euros, una cuantía de la que respondería subsidiariamente el Ayuntamiento de Granada.
No obstante, la fiscal descarta solicitar la nulidad de las licencias concedidas al considerar que ello perjudicaría a terceros ajenos al procedimiento, especialmente a los vecinos del residencial.
La causa estuvo cerca de llegar a juicio a finales de 2024, aunque varias resoluciones posteriores de la Audiencia de Granada limitaron el objeto del procedimiento a la recepción parcial de la urbanización, dejando fuera otros posibles delitos inicialmente investigados, como cohecho, malversación o tráfico de influencias.
La Fiscalía pide 31 años y medio de prisión para el procesado, al que atribuye asesinato, tenencia ilícita de armas y lesiones psíquicas a las hijas de la víctima
La Fiscalía pide hasta 12 años de prisión para el supuesto cabecilla de una organización dedicada al tráfico de marihuana hacia países de la Unión Europea
