Piden casi cuatro años de cárcel para cuatro camareros acusados de apropiarse de más de 90.000 euros en un bar
La Fiscalía sostiene que manipularon el sistema informático del establecimiento para quedarse con parte de los cobros de los clientes durante 2020
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada juzga este martes a cuatro hombres de entre 40 y 51 años para los que la Fiscalía solicita tres años y nueve meses de prisión y una multa de 2.400 euros por la supuesta apropiación indebida de un total de 90.347 euros en un negocio de hostelería de la capital granadina en el que trabajaban como camareros.
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados se habrían concertado entre ellos para aprovechar las posibilidades de eludir el control documental que ofrecía la aplicación informática utilizada por los establecimientos para registrar los cobros.
De acuerdo con la acusación, los trabajadores utilizaban funciones previstas para situaciones extraordinarias, como dividir el pago entre varios comensales o trasladar consumiciones de una mesa a otra, para alterar los registros de ventas y quedarse con parte del dinero abonado por los clientes.
La Fiscalía sitúa los hechos durante el año 2020 y sostiene que los acusados actuaron con el propósito de obtener un enriquecimiento injusto a costa de la empresa. El ministerio público los acusa de un delito continuado de apropiación indebida con la agravante de abuso de confianza.
Según el relato fiscal, los camareros atendían las mesas y, en algunas ocasiones, tras recibir el pago de la consumición, se quedaban con todo o parte del dinero. Posteriormente introducían en el sistema informático datos que no se correspondían con lo realmente servido o cobrado, dejando sin efecto el ticket generado o modificando su contenido.
Entre las prácticas señaladas por la Fiscalía se encuentran la reducción en el sistema de los productos servidos o el traslado de consumiciones a otras mesas, simulando que se habían servido menos artículos o que se había cobrado una cantidad inferior a la real.
El escrito añade que el dinero supuestamente sustraído se introducía en el bote de la barra y posteriormente se repartía entre los acusados durante sus turnos de trabajo.
Como consecuencia de estos hechos, la empresa habría registrado en 2020 unas pérdidas de 64.826 euros. A esta cantidad se suma un lucro cesante fijado por pericial judicial en 15.426 euros y una pérdida de valor por efecto de la inflación estimada en 10.064 euros, lo que eleva la cuantía total reclamada a 90.347 euros, cantidad que la Fiscalía solicita que los acusados abonen de forma conjunta en concepto de indemnización.
