Piden seis años de cárcel para un falso bróker acusado de estafar más de 322.000 euros a seis inversores en Granada
El acusado habría simulado beneficios mediante mensajes de WhatsApp y manipulado documentos para justificar que no podía devolver el dinero
La Audiencia Provincial de Granada celebrará el próximo 29 de octubre el juicio contra un hombre acusado de apropiarse presuntamente de 322.705 euros entregados por seis inversores a los que habría convencido de que era un experto en operaciones financieras y mercados bursátiles.
La Fiscalía de Granada solicita para el procesado una pena de seis años de prisión y una multa de 3.600 euros por presuntos delitos continuados de estafa y falsificación de documento mercantil.
Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado se presentó ante sus víctimas como un especialista en inversiones bursátiles de futuro y operaciones financieras, logrando que confiaran en sus conocimientos para entregarle importantes cantidades de dinero.
Para ello, presuntamente les ofreció contratos de inversión de capital cuyas condiciones eran engañosas, tanto en lo relativo a los intereses prometidos como a las garantías de devolución de las cantidades aportadas.
Seis inversores entregaron entre 22.705 y 100.000 euros
Los hechos investigados se produjeron entre 2019 y 2021, periodo durante el cual seis personas realizaron aportaciones económicas al acusado por un importe conjunto de 322.705 euros.
Las cantidades entregadas oscilaron entre los 22.705 y los 100.000 euros, dependiendo de cada inversor.
Una vez formalizados los contratos, las víctimas comenzaron a recibir mensajes semanales a través de WhatsApp en los que supuestamente se reflejaba el crecimiento progresivo de sus inversiones.
Estas comunicaciones generaron confianza entre los afectados, que creían que su dinero estaba produciendo los beneficios acordados.
Sin embargo, cuando transcurrió el tiempo y solicitaron recuperar sus aportaciones, el acusado no atendió las peticiones de devolución, pese a los numerosos requerimientos que recibió.
Documentos presuntamente manipulados para justificar los impagos
Ante las reclamaciones de los inversores, el procesado habría recurrido a diferentes explicaciones para justificar que no podía devolverles el dinero.
Según sostiene la Fiscalía, llegó a asegurar que la cuenta bancaria utilizada para las operaciones había sido bloqueada por orden judicial a instancias de la Agencia Tributaria.
Para dar credibilidad a esta versión, presuntamente manipuló un documento bancario que utilizó como respaldo de sus afirmaciones.
También habría alterado una cédula de citación judicial que había recibido por otro asunto y que posteriormente remitió a los inversores para justificar el retraso en los pagos.
El Ministerio Público considera que estas actuaciones tenían como finalidad prolongar el engaño y evitar que los afectados descubrieran lo sucedido con sus aportaciones económicas.
Las víctimas no recuperaron el dinero ni los intereses
De acuerdo con la acusación, ninguno de los seis inversores consiguió recuperar el capital entregado ni los intereses que supuestamente habían sido pactados en los contratos.
La Fiscalía sostiene que el acusado se habría quedado con la totalidad del dinero desde el principio, sin destinarlo a las operaciones financieras que había prometido realizar.
Por estos hechos, el Ministerio Público solicita una condena de seis años de prisión y una multa de 3.600 euros.
El juicio está señalado para el próximo jueves 29 de octubre en la Audiencia Provincial de Granada, donde se examinarán las pruebas y declaraciones relacionadas con las presuntas operaciones fraudulentas.
El tribunal desestima el recurso del condenado y ratifica la sentencia de la Audiencia de Granada, que también impone ocho años de libertad vigilada, una orden de alejamiento de doce años y una indemnización de 25.000 euros para la víctima
El Ministerio Fiscal considera que las consultas no constituyen delito, aunque solicita trasladar el caso a la Agencia Española de Protección de Datos
