La Fiscalía pide archivar la causa contra el exjefe de la Policía Local de Granada y siete agentes por los accesos a VioGén
El Ministerio Fiscal considera que las consultas no constituyen delito, aunque solicita trasladar el caso a la Agencia Española de Protección de Datos
La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento de la causa abierta contra el exjefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, y otros siete agentes investigados por presuntos accesos irregulares al sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género (VioGén) para consultar información relacionada con la expareja de un subinspector del cuerpo condenado por malos tratos.
El Ministerio Fiscal considera que los agentes no llegaron a acceder a datos protegidos o sensibles de la víctima y sostiene que la plataforma tampoco permite conocer su ubicación en tiempo real. Por este motivo, entiende que no se produjo un perjuicio para la mujer y que los hechos investigados no constituyen un delito penal, según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.
No obstante, la Fiscalía solicita que se deduzca testimonio de las actuaciones y se remita el asunto a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que determine si los accesos pueden ser objeto de alguna sanción administrativa.
La jueza aprecia indicios de hasta 35 consultas no autorizadas
La petición del Ministerio Fiscal contrasta con las conclusiones de la magistrada instructora, que ha acordado continuar el procedimiento contra los ocho agentes por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Según el auto de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, existen indicios racionales de que los investigados realizaron hasta 35 consultas no autorizadas a la ficha de la víctima en el sistema VioGén entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024.
La jueza señala que la protección de la mujer correspondía exclusivamente a la Guardia Civil y que, por tanto, los agentes de la Policía Local de Granada no tenían competencias para acceder a su expediente con fines de seguimiento.
"La Policía Local de Granada no tenía la asignación del caso y, por tanto, no le correspondía realizar ningún tipo de seguimiento ni protección específica a la víctima", recoge la resolución judicial.
Entre los investigados figuran, además del entonces jefe de la Policía Local, un subinspector, un oficial y otros cinco agentes adscritos en aquel momento al Grupo de Mujer y Menores, unidad especializada en violencia de género.
La auditoría elaborada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior documentó las 35 consultas realizadas durante el periodo investigado, que, según la instructora, afectaron a información personal y sensible de la mujer y de su hija menor de edad.
Una investigación vinculada a un expediente interno
La instrucción judicial sostiene que el entonces jefe de la Policía Local dio una orden verbal para recabar información en VioGén con el objetivo de promover un expediente de información reservada contra la expareja de la víctima, un subinspector del cuerpo que ha ingresado recientemente en prisión por malos tratos.
Sin embargo, la magistrada destaca que, aunque el expediente administrativo interno quedó paralizado el 13 de octubre de 2023, los presuntos accesos irregulares al sistema continuaron durante los meses posteriores.
En su resolución, la jueza considera que estas consultas provocaron en la afectada "temor y desasosiego", además de alterar su confianza en el sistema de protección de víctimas de violencia de género.
Según recoge el auto, la mujer llegó a pensar que podía ser localizada por su expareja, una circunstancia que, a juicio de la instructora, afectó a su derecho a mantener en secreto sus datos personales y controlar la información de su esfera íntima.
La denuncia de la víctima dio origen a la investigación
El procedimiento judicial comenzó a raíz de una denuncia presentada por la propia afectada ante la Guardia Civil en julio de 2024, después de sospechar que varios agentes estaban consultando de manera irregular su expediente en VioGén.
A partir de esa denuncia se desarrollaron las investigaciones que permitieron identificar los accesos registrados en la plataforma y determinar qué funcionarios habían realizado las consultas.
La causa se encuentra ahora pendiente de la decisión judicial sobre su continuación, después de que la Fiscalía haya solicitado el archivo por considerar que los hechos no tienen relevancia penal.
En cualquier caso, el Ministerio Fiscal plantea que las actuaciones sean examinadas por la Agencia Española de Protección de Datos, dejando abierta la posibilidad de que los accesos investigados puedan tener consecuencias en el ámbito administrativo.
Los hechos ocurrieron entre 2010 y 2013 en la zona del pantano de los Bermejales. Las víctimas, hijas de una prima del condenado, denunciaron los abusos en 2022, cuando ya eran mayores de edad
La Fiscalía solicita penas de hasta seis años y tres meses de prisión por tráfico de drogas, defraudación eléctrica y tenencia ilícita de armas tras una operación en la que se intervinieron estupefacientes, 105 plantas de marihuana y una escopeta
