Sumar cuestiona que la cooperación judicial prime sobre la protección del menor

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha enviado este martes un "mensaje de apoyo" a Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, cuya entrega al padre, Francesco Arcuri, estaba prevista para hoy. Arcuri tiene un juicio pendiente por presuntos malos tratos, programado para septiembre en Italia.

En una rueda de prensa ofrecida antes de la Junta de Portavoces del Congreso, Martínez Barbero ha cuestionado que el principio de cooperación judicial entre Estados miembros de la Unión Europea pueda emplearse como argumento "cuando está en riesgo la vida de un menor".

"Daniel ha pedido por activa y por pasiva no volver con su padre, que tiene en juicio por malos tratos hacia él y su hermano. Ni el enfoque técnico-jurídico ni la cooperación judicial pueden anteponerse a la protección del menor", ha afirmado la diputada.

La portavoz ha lamentado además que el menor "no ha sido escuchado en ninguna instancia" judicial, recordando que "los niños y niñas tienen derecho a ser oídos en los procedimientos judiciales que afectan a sus vidas".

Petición al Tribunal Constitucional

Martínez Barbero ha expresado su esperanza en que el Tribunal Constitucional respondiera favorablemente al recurso presentado por Juana Rivas para paralizar la orden de entrega del menor, una apelación que finalmente ha sido inadmitida. Sumar sostiene que la protección del interés superior del menor debe prevalecer en este tipo de decisiones.

"Daniel lo ha dejado clarísimo. No quiere volver con su progenitor porque no quiere seguir o volver a vivir con miedo", ha añadido la diputada de Sumar.

Además, ha citado tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor para subrayar que el interés del menor es un principio rector en el ordenamiento jurídico español.

El caso de Juana Rivas ha reavivado el debate político y social en torno a la protección de los menores en procesos internacionales de custodia, especialmente cuando existen causas penales abiertas relacionadas con violencia familiar. El gobierno y diversos grupos parlamentarios han expresado preocupación por la falta de canales eficaces que permitan garantizar la escucha activa de los menores implicados.