Suspendido el juicio al exalcalde de Otura tras la renuncia de su abogado
La vista se ha vuelto a señalar para los próximos días 13 y 14 de noviembre
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha suspendido el juicio contra el exalcalde de Otura por el PP, Ignacio Fernández-Sanz, tras la renuncia de su abogado por diferencias "profundas e irreconciliables". El proceso, que debía comenzar este miércoles en la Real Chancillería, ha sido señalado de nuevo para los días 13 y 14 de noviembre.
Fernández-Sanz se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación por un presunto fraude cometido a finales de 2007 en la tramitación del expediente del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria y de dependencias municipales. Según la acusación, estos hechos habrían causado un perjuicio económico al Ayuntamiento de más de 250.000 euros.
El exalcalde será juzgado junto a otros seis procesados, todos ediles en aquel momento del PP y del Grupo Independiente de Otura, por delitos de fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada, según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía.
El letrado de Fernández-Sanz expuso ante el tribunal que existía una "desconfianza" por parte del exalcalde hacia su línea de defensa, lo que motivó su renuncia. Tras la suspensión, la Audiencia ha advertido a Fernández-Sanz que el juicio no se volverá a aplazar por esta causa y le ha dado una semana para designar un nuevo abogado o, en su defecto, se le asignará uno de oficio.
El ministerio público sostiene que los procesados adoptaron acuerdos "en los que se dispusieron de los fondos públicos y de los caudales del Ayuntamiento como si fueran propios". El expediente de contratación, iniciado el 21 de noviembre de 2007, fue objeto de reparos por la Intervención municipal, que señaló la falta de consignación presupuestaria y la ausencia de un estudio económico justificativo. A pesar de ello, el pleno del Ayuntamiento aprobó la contratación por cinco votos a favor de los concejales del PP y tres del Grupo Independiente de Otura, cinco de los cuales están entre los procesados.
El fiscal detalla que, tras la adjudicación a un único licitador, se firmó un contrato que, menos de dos años después, fue rescindido en un pleno extraordinario celebrado sin los informes preceptivos de la Intervención y la Secretaría. El convenio de resolución del contrato se suscribió sin tramitar expediente alguno y en presencia de la Secretaría, aunque su representante no tuvo intervención en el mismo.
El acuerdo de liquidación incluyó el reconocimiento de facturaciones pendientes por más de 2,5 millones de euros, una indemnización de 800.000 euros por daños y perjuicios y la entrega de un camión en compensación por la devolución de contenedores, todo ello sin informe de la Intervención.
El tribunal ha fijado el nuevo inicio del juicio para los días 13 y 14 de noviembre, advirtiendo que no se admitirán nuevas suspensiones por la misma causa. El caso ha quedado así pendiente de la designación de un nuevo letrado para la defensa del exalcalde.
Se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación
Se los cita a declarar como investigados para preservar sus derechos
