Técnicos municipales ratifican irregularidades en el contrato de limpieza en el juicio contra el exalcalde de Otura
La vista en la Audiencia de Granada se suspende hasta junio tras la ausencia de un testigo clave
Los técnicos municipales que han comparecido como testigos en el juicio que se celebra en la Audiencia de Granada contra el exalcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz (PP), han ratificado los reparos que emitieron en su día sobre el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria del municipio.
En el proceso están acusados el exregidor y otros cuatro antiguos concejales por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en relación con este contrato, que fue aprobado en 2008 y rescindido apenas dos años después.
Aunque estaba previsto que el juicio quedara este jueves visto para sentencia, la ausencia de un testigo —representante de la empresa concesionaria— ha motivado la suspensión de la vista, a petición de una de las defensas y de la acusación ejercida por el Ayuntamiento. La reanudación se ha fijado para el próximo 8 de junio, fecha en la que también está previsto que declaren los acusados.
Durante la sesión han intervenido dos secretarios y dos interventores municipales, quienes han confirmado los informes emitidos en su momento. En ellos advertían, entre otras cuestiones, de la falta de consignación presupuestaria y de la ausencia de un estudio económico que justificara el coste del servicio.
Asimismo, la Secretaría municipal informó de la imposibilidad de iniciar el procedimiento de contratación hasta que no se corrigieran estas deficiencias. Pese a ello, el contrato fue aprobado en enero de 2008 en un pleno del Ayuntamiento con los votos favorables de cinco concejales del Partido Popular y tres del Grupo Independiente de Otura. Cuatro de esos ediles se encuentran entre los procesados.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en noviembre de 2010 —menos de dos años después de la puesta en marcha del servicio— el entonces alcalde habría convocado un pleno extraordinario para rescindir el contrato sin justificación y sin contar con los informes preceptivos de los órganos técnicos municipales.
En esa sesión, y pese a las advertencias sobre la falta de dichos informes, los concejales presentes aprobaron la rescisión del contrato. Posteriormente, el exalcalde habría suscrito un convenio de resolución “sin tramitar expediente alguno” y “con ausencia total de procedimiento”, presuntamente con el objetivo de beneficiar a la empresa adjudicataria.
Los acusados se enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión y ocho de inhabilitación. En la primera jornada del juicio ya fue absuelta una exedil después de que las acusaciones retiraran los cargos por prescripción de los hechos.
La Fiscalía pide cinco años de prisión por un supuesto perjuicio de más de 250.000 euros al Ayuntamiento en la gestión del servicio en 2007
El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Granada tras un intento de robo con fuerza ocurrido en 2023
