La Subdelegación del Gobierno pide desalojar voluntariamente la acampada por la vivienda antes del lunes
Los manifestantes instalados en la explanada del Palacio de Congresos deberán retirar sus estructuras antes del 9 de noviembre
La Subdelegación del Gobierno en Granada ha instado a las personas acampadas en la explanada del Palacio de Congresos a desmontar voluntariamente sus instalaciones y abandonar el espacio público antes del próximo lunes 9 de noviembre. La petición, comunicada a los participantes este jueves por la tarde, tiene como objetivo alcanzar una solución dialogada a una protesta que se mantiene desde el pasado 3 de octubre para reivindicar el derecho a la vivienda.
La decisión se produce después de varias semanas de ocupación del espacio público y en un contexto de creciente tensión, tras el incidente registrado durante la madrugada del miércoles al jueves, cuando se produjo un incendio supuestamente provocado y un presunto intento de agresión con palos por parte de personas encapuchadas contra quienes permanecían en la acampada.
Además, este viernes está prevista la celebración de un acto político de Vox, encabezado por su presidente nacional, Santiago Abascal, en el interior del Palacio de Congresos, coincidiendo con convocatorias de protesta difundidas a través de las redes sociales.
El Gobierno reconoce el derecho de protesta, pero advierte de sus límites
En una comunicación difundida este viernes, la Subdelegación del Gobierno ha asegurado que desde el inicio de la acampada ha mantenido "una actitud de respeto absoluto hacia los derechos fundamentales de reunión y libertad de expresión".
La representación del Ejecutivo central considera que la concentración que dio origen a la protesta constituye una manifestación colectiva de reivindicaciones políticas y sociales que puede estar protegida por el derecho fundamental de reunión.
En este sentido, recuerda que la jurisprudencia constitucional y europea reconoce que determinadas instalaciones temporales pueden formar parte de una expresión política legítima.
No obstante, la Subdelegación sostiene que el derecho de reunión no es absoluto ni ilimitado y que su carácter temporal constituye un elemento esencial para determinar su protección jurídica.
"La protección constitucional alcanza a la congregación temporal de personas en torno a una finalidad común de expresión y reivindicación, pero no ampara la ocupación permanente e indefinida de un espacio público", señala el comunicado.
El Gobierno central argumenta que el ejercicio de los derechos fundamentales debe compatibilizarse con otros intereses protegidos, como la conservación del dominio público, la libre circulación de personas, la convivencia ciudadana y los derechos de terceros.
Plazo hasta el 9 de noviembre para retirar las instalaciones
A partir de estas consideraciones, la Subdelegación ha solicitado a los participantes que procedan al desmontaje voluntario de las estructuras y abandonen la explanada antes del lunes.
La representación gubernamental insiste en que su intención es "alcanzar una solución dialogada" y evitar que la situación derive en un conflicto mayor.
Asimismo, señala que su prioridad "sigue siendo garantizar el respeto a los derechos fundamentales, favorecer el diálogo y resolver esta situación de manera proporcionada".
Por el momento, la comunicación difundida se refiere a una petición de retirada voluntaria y no concreta qué actuaciones podrían adoptarse si los participantes permanecen en el lugar una vez finalizado el plazo.
La petición llega tras el incidente con encapuchados
El requerimiento se conoce después de los sucesos registrados durante la madrugada del miércoles al jueves en las inmediaciones de la acampada.
Según las denuncias realizadas por personas vinculadas a la protesta, varios individuos encapuchados habrían intentado intimidar a los participantes utilizando palos, mientras se produjo un incendio en una de las instalaciones.
Estos hechos han incrementado la preocupación por la seguridad de quienes permanecen en la explanada del Palacio de Congresos.
La acampada, iniciada el 3 de octubre, forma parte de una movilización para reclamar medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna y denunciar las dificultades que afrontan numerosos ciudadanos para acceder al mercado residencial.
El Ayuntamiento había reclamado la intervención de la Subdelegación
La solicitud de retirada voluntaria se produce también después de que el Ayuntamiento de Granada reclamara este viernes una actuación de la Subdelegación del Gobierno ante la permanencia de la acampada.
El equipo de gobierno municipal ha criticado lo que considera una "excesiva permisividad" con la ocupación de la explanada y ha pedido a la representación del Ejecutivo central que "tome cartas en el asunto" y que "no se mire para otro lado".
Según ha trasladado el Consistorio, el Ayuntamiento ha remitido tres peticiones formales a la Subdelegación solicitando actuaciones para retirar las instalaciones.
La situación queda ahora pendiente de la respuesta de las personas acampadas al requerimiento gubernamental, con el próximo lunes 9 de noviembre como fecha límite fijada para el abandono voluntario del espacio.
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