FAMPA Alhambra reivindica en Huéscar el futuro de la escuela rural ante una demanda creciente
Las III Jornadas de Escuela Rural reúnen a comunidad educativa e instituciones para analizar carencias, defender la equidad y proponer medidas que garanticen la continuidad de los centros en municipios pequeños
FAMPA Alhambra ha celebrado este pasado fin de semana en Huéscar las III Jornadas de Escuela Rural bajo el lema ‘Escuela rural: la demanda que no cesa’, un encuentro que ha reunido a familias, profesorado, representantes institucionales y profesionales del ámbito educativo con el objetivo de analizar la situación de los colegios públicos rurales y plantear propuestas que garanticen su continuidad.
Las jornadas han puesto sobre la mesa la relevancia de la educación en el medio rural, especialmente en la provincia de Granada, donde más de la mitad de los centros educativos —266 de un total de 482— se encuentran en municipios de menos de 8.000 habitantes. Este dato refleja el peso estructural de la escuela rural en el sistema educativo provincial.
El acto de inauguración contó con la participación de responsables institucionales, representantes educativos y miembros de la comunidad escolar, entre ellos la presidenta de FAMPA Alhambra, Isabel Molina Bonet, quien subrayó la necesidad de avanzar en el trabajo iniciado en ediciones anteriores celebradas en Cádiar y Montefrío. En esta ocasión, el objetivo ha sido profundizar en el diagnóstico de las necesidades de estos centros y traducirlo en propuestas concretas dirigidas a la administración educativa.
Durante su intervención, Molina defendió el valor diferencial de la escuela rural como modelo educativo y recalcó que la educación debe entenderse como una inversión social, insistiendo en la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades sin que las limitaciones presupuestarias supongan un freno.
El programa incluyó diversas ponencias centradas en los principales retos de estos centros. La coordinadora de la Red Andaluza de Colegios Públicos Rurales (RAICER), M.ª Jesús Cano Muñoz, destacó el carácter cercano y vivencial de la enseñanza en estos entornos, al tiempo que alertó sobre la incertidumbre derivada de la variabilidad del alumnado, el cierre de unidades y la falta de una normativa específica adaptada a sus características. También señaló carencias en infraestructuras, como instalaciones antiguas o problemas de calefacción, así como dificultades para atender al alumnado con necesidades específicas.
Por su parte, la asesora del Defensor del Menor, M.ª Teresa Salces Rodrigo, incidió en el papel fundamental de la escuela rural para fijar población y garantizar el derecho a la educación en el propio entorno. Salces advirtió de que muchos de estos centros deben regirse por normativas diseñadas para contextos urbanos, lo que genera desigualdades en servicios y recursos. Entre los datos aportados, destacó que solo un 10% de los centros rurales dispone de aula matinal y un 23% cuenta con comedor, además de señalar la persistencia de la brecha digital.
Las jornadas incluyeron también una mesa redonda en la que participaron representantes de distintos ámbitos educativos y municipales, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar los recursos destinados a la escuela rural como vía para garantizar la equidad educativa y el futuro de los municipios.
El encuentro concluyó con el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para defender la educación pública en el medio rural y trasladar a las administraciones las demandas planteadas por la comunidad educativa.
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