Por Andalucía se compromete a reducir el tiempo de valoración de la dependencia a un máximo de 90 días

La formación establecerá un tiempo límite de tres meses para la puesta en marcha de cada Plan Individual de Actuación

Redacción  |  16 de junio de 2022
Imagen de la reunión (POR ANDALUCÍA)
Imagen de la reunión (POR ANDALUCÍA)

La cabeza de lista de Por Andalucía en la provincia de Granada, Alejandra Durán, ha manifestado este jueves, tras reunirse con los sindicatos del servicio de atención domiciliaria SAPAD y CGT, el compromiso de la confluencia de reducir los tiempos de valoración de la dependencia para garantizar el acceso a las prestaciones en un máximo de 90 días, así como de disminuir a otros tres meses el tiempo límite para la puesta en marcha de cada Plan Individual de Actuación.

Durán ha criticado la “mala gestión y la falta de sensibilidad” de la Junta de Andalucía en materia de dependencia durante la última legislatura y ha tildado de “intolerable e inasumible” que tan solo en 2021 “más de 36.000 andaluces hayan perdido la vida sin llegar a recibir la prestación de la Ley de Dependencia, 4.700 de ellos en la provincia de Granada”.

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Así, la candidata de Por Andalucía en Granada ha recordado que Andalucía es, con 22 meses de espera, la segunda comunidad autónoma de España con mayor tiempo de demora para acceder a la dependencia, tan sólo por detrás de Canarias. 

Es urgente abordar un cambio estructural en el sistema de cuidados, ha advertido Durán, “empezando por el impulso de un sistema público de calidad de residencias de mayores y personas dependientes que termine con las carencias del actual y que acabe con la precariedad laboral del personal sociosanitario, que mayoritariamente tiene perfil de mujer, así como el negocio de fondos de inversión que sólo tienen un interés económico en la atención a las personas mayores y dependientes”.

En este sentido, y en cuanto a las condiciones laborales de las trabajadoras de atención domiciliaria, Durán ha criticado que “el incremento de 13 a 14,60 euros del precio/hora de coste del servicio que ha aplicado la Junta de Andalucía no sirve para mejorar las condiciones de las trabajadoras, como tampoco sirve para mejorar la calidad asistencial que reciben las usuarias y usuarios”. 

 
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