La red andaluza por los barrios vulnerables reclama en el Congreso una ley para combatir la pobreza estructural
Representantes vecinales y organizaciones sociales defienden en una jornada parlamentaria un nuevo marco estatal para actuar sobre la segregación, la pobreza y el deterioro de los servicios públicos
“Tenemos desperdiciado el talento de miles de jóvenes de nuestras ciudades porque sus condiciones de vida los mantienen atrapados en arenas movedizas”. Con esta imagen, Clara Morales, portavoz de la Red Andaluza por la Ley Integral de Barrios Vulnerables y vecina del Distrito Norte de Granada, resumió la situación que, a juicio de la organización, afrontan las personas residentes en las zonas más desfavorecidas de Andalucía.
Morales intervino este lunes 28 en la jornada parlamentaria sobre transformación integral de barrios vulnerables, celebrada en el Congreso de los Diputados y organizada por la Red por la Ley Integral de Barrios Vulnerables con la colaboración del grupo parlamentario de Sumar. El encuentro reunió a representantes vecinales, organizaciones sociales, expertos y diputados de los grupos socialista y de Sumar para abordar las políticas necesarias para combatir la pobreza y la segregación territorial.
La red, surgida en Andalucía y activa desde hace tres años, promueve un nuevo marco legal orientado a la erradicación de la pobreza estructural. Su propuesta de ley ha sido asumida y registrada en el Congreso por los diputados de Izquierda Unida Francisco Sierra y Engracia Rivera y está pendiente de ser sometida a consideración por la Mesa del Congreso.
Vecinos reclaman participación y mejores servicios
Durante la primera mesa, representantes de barrios de distintas comunidades autónomas expusieron problemas relacionados con el fracaso escolar, el desempleo, la infravivienda, la falta de expectativas y el deterioro de los servicios públicos.
Morales sostuvo que estas condiciones generan entornos en los que “prosperar es una quimera y la igualdad de oportunidades una mentira”. Ante esta situación, los representantes vecinales reclamaron una mayor participación de quienes viven en estos barrios, además de mejoras en seguridad ciudadana y movilidad.
También plantearon la necesidad de revisar las políticas de concentración de vivienda social y de impulsar mecanismos que favorezcan la convivencia y la mediación cultural.
Las organizaciones sociales piden un nuevo marco normativo
La segunda mesa contó con representantes de organizaciones como Cáritas, Sur Acoge, Fundación Secretariado Gitano y la Confederación de Asociaciones Vecinales.
Las entidades defendieron la necesidad de superar el actual marco de políticas públicas para abordar problemas como la segregación escolar y residencial, las dificultades burocráticas que pueden impedir el acceso a ayudas de las familias con mayores necesidades o la financiación de los servicios públicos ante el reto de la diversidad.
Las participantes también señalaron la transmisión intergeneracional de la pobreza como uno de los fenómenos que requieren una intervención sostenida.
En este sentido, apostaron por sustituir una lógica basada fundamentalmente en proyectos por otra centrada en procesos protagonizados por las propias personas residentes, junto con una mayor coordinación entre administraciones y programas de largo plazo. Según las organizaciones participantes, estos objetivos requieren una política de Estado y una legislación específica.
Salud, urbanismo y derecho a la ciudad
Una tercera mesa reunió a representantes del ámbito político y académico y permitió abordar la vulnerabilidad urbana desde distintas perspectivas.
Asertos analizó los efectos de los entornos urbanos degradados sobre la salud física, mental y emocional, mientras que Arquitectura Sin Fronteras planteó la necesidad de promover un diseño urbano participativo capaz de generar cohesión social y de entender el hábitat como un elemento vinculado a la calidad de la vivienda.
Por su parte, el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana destacó la importancia de disponer de información y difundir la realidad de estos territorios no solo desde una perspectiva académica, sino también como herramienta de reivindicación. Según los datos expuestos durante la jornada, en el último decenio casi un millón de personas más han pasado a vivir en barrios vulnerables en España.
El análisis de la experiencia de la Ley de Barrios de Cataluña sirvió además para plantear la necesidad, según los participantes, de una legislación estatal que permita actuar sobre las causas estructurales de la desigualdad y la segregación, reconocer el derecho a la ciudad y dotar de más recursos a ayuntamientos y comunidades autónomas.
Una agenda para impulsar la propuesta esta legislatura
Al término de la jornada, las personas integrantes de la red acordaron una agenda de trabajo para tratar de impulsar el debate de la ley durante esta legislatura.
El primer paso será organizar encuentros vecinales y ciudadanos destinados a difundir y debatir la propuesta. En paralelo, la red promoverá entre organizaciones sociales de distintos municipios la presentación de mociones en los plenos municipales en apoyo de la iniciativa.
El objetivo, según explicaron, es que sean los propios ayuntamientos quienes reclamen al Estado un marco normativo que les permita intervenir de manera más eficaz en los barrios vulnerables.
La red también prepara acciones reivindicativas coincidiendo con el 31 de octubre, Día Mundial de las Ciudades de Naciones Unidas, para reclamar una mayor atención a estas zonas dentro de las políticas urbanas.
“Porque aunque a los alcaldes se les olvide, nuestros barrios también son ciudad”, afirmó Morales al cierre de la jornada. La portavoz encabezó una delegación andaluza integrada por representantes procedentes de Sevilla, Córdoba, Málaga, Almería y Granada.
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